Los intereses detrás del negocio de la represa Futaleufú

La Central Hidroeléctrica Futaleufú volvió al centro de la disputa. Con la concesión original vencida desde junio de 2025 y una sucesión de prórrogas que la extienden hasta el 15 de diciembre de 2026, el Gobierno nacional avanza en la preparación de una licitación para definir el nuevo operador. En ese escenario se cruzan tres intereses: el de Aluar, actual controlante; el de grupos empresarios cercanos al oficialismo nacional que buscan ingresar; y el de la provincia de Chubut, que reclama la potestad sobre sus recursos. 

La central, ubicada sobre el río Futaleufú, tiene una potencia instalada de 472 MW y genera en promedio entre 2.500 y 2.900 GWh anuales. Desde su privatización en 1995 es operada por Hidroeléctrica Futaleufú S.A., cuyo paquete accionario está integrado en mayor medida por Aluar y en menor medida por la Provincia. Además de accionista, la empresa que controla la planta de aluminio de Puerto Madryn, es la principal consumidora de esa energía.

Por eso, para el grupo de Javier Madanes Quintanilla, perder el control operativo de la represa no es un detalle menor: implica dejar de administrar el insumo clave de su negocio.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, ya dejó en claro su intención de llamar a una nueva licitación competitiva. La última prórroga, formalizada en junio de 2026, sostiene que la actual concesionaria podrá seguir operando hasta el 15 de diciembre o hasta que se perfeccione el nuevo proceso, lo que ocurra primero. En los pasillos del sector energético, sin embargo, el nombre que más se repite como interesado es el del Grupo Neuss, a través de Edison Energía. 


El holding ya se quedó con las concesiones de Alicurá y Cerros Colorados en el Comahue y tiene una fuerte presencia en el transporte eléctrico a través de Transener. Su vínculo con sectores del poder nacional, especialmente con el entorno del asesor Santiago Caputo, genera sospechas de que el proceso podría estar diseñado para favorecer a actores cercanos al oficialismo, en línea con lo que ocurrió en otras licitaciones recientes.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres elevó el tono. La provincia sostiene que, tras la reforma constitucional de 1994, el dominio originario de los recursos naturales le corresponde a las provincias y que, por lo tanto, el poder concedente sobre Futaleufú debería ser provincial. Torres presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes eléctricas nacionales que, según interpreta, restringen ese dominio. La Corte admitió el planteo en noviembre de 2025, pero el expediente sigue abierto mientras Nación avanza con el cronograma.

“En este momento estamos dando una batalla por un recurso que es nuestro. Estoy hablando concretamente de Futaleufú”, afirmó Torres en un acto en Puerto Madryn. Y agregó: “En esta provincia hicimos lo que había que hacer: defender lo nuestro, ir a la Justicia y exigir que lo que se genera con nuestros recursos seamos los propios chubutenses los que decidamos qué hacer con esos recursos”. El gobernador insiste en separar dos discusiones: el control de la concesión, por un lado, y el contrato de suministro eléctrico a Aluar, por el otro. Según su mirada, recuperar el poder concedente no implica poner en riesgo el abastecimiento de la planta de aluminio.

Además del reclamo judicial, Torres impulsó una mesa de trabajo con los intendentes de Esquel, Trevelin y Cholila para exigir mayor participación provincial en el diseño del pliego, una actualización del esquema de regalías y un canon por el uso del agua que genere ingresos directos para la provincia y los municipios de la zona. También creó la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECH) con el objetivo de tener voz vinculante en la discusión.

El conflicto, entonces, no es solo técnico ni administrativo. Es una disputa por el control de un activo estratégico que combina energía, industria y poder territorial. Mientras Aluar busca preservar el esquema que le garantizó energía previsible durante tres décadas, el Gobierno nacional avanza con una licitación que podría abrir la puerta a nuevos jugadores con llegada política. Y Chubut, con Torres a la cabeza, se plantó en la idea de que el agua y la renta que genera no pueden seguir definiéndose exclusivamente desde Buenos Aires.

El reloj corre. La prórroga vence en diciembre y, el proceso licitatorio sigue en marcha y si no hay un acuerdo político previo, probablemente sea la Justicia la que termine definiendo quién tiene la última palabra y el control sobre el futuro de la represa de Futaleufú.

Héctor “Cano” Ingram Intendente de Trevelin 
“No estamos pidiendo dinero extra, sino que se reconozcan nuestro derechos”

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram indicó que “hay varios motivos que nos legitiman en el reclamo. En principio porque existe un compromiso de Estado, incumplido hasta ahora, de beneficios directos para las comunidades de Trevelin y Esquel. Previo a la construcción de la represa y con el objetivo de buscar respaldos de parte de la comunidad, se prometió incluso energía gratis. Luego, al inaugurarla, ese compromiso se repitió. 

En segundo lugar, porque la construcción de la represa llevó a que nuestra zona perdiera un enorme capital natural dado que bajo el agua hay enterradas miles de hectáreas de bosque nativo, capital que hoy sería un gran atractivo turístico, así como los famosos rápidos del río Futaleufú. El recurso agua es de los chubutenses y en este caso en particular de quienes vivimos en esta cuenca”, explicó. 

Ingran reiteró que “lo que estamos solicitando es ser partícipes de las riquezas que genera la represa. Con una parte ínfima de esas ganancias, Trevelin (y los otros municipios también), podrían invertir en infraestructura. Hoy lo que ingresa por regalías no tiene impacto real sobre nuestra comunidad. Y otro factor importante es que esta hidroeléctrica no fue construida para alimentar redes urbanas, sino que lo fue pensando en lo que hoy es Aluar”

El intendente advirtió: “Corremos el riesgo de tora vez ser ignorados como 
comunidades. Otra vez el Estado le estaría dando la espalda a Trevelin, Esquel y Cholila cuando lo cierto es que ni siquiera le estamos pidiendo dinero extra, sino simplemente que se reconozca nuestros derechos. Y aquí va a ser importante como trabajemos no solo los municipios o la provincia, sino también los legisladores y el resto de las fuerzas vivas de nuestras comunidades, sin mirar el beneficio político a corto plazo, sino pensando en nuestras generaciones futuras”.

Matias Taccetta (Intendente de Esquel) 
“El gobernador nos convocó para escuchar nuestras propuestas” 

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió el nuevo proceso licitatorio y sostuvo: “Los municipios deben ser parte y es por ese motivo que el gobernador Ignacio Torres nos convocó a los intendentes para escuchar nuestras propuestas y reclamos, como así también mantenernos al tanto de las acciones llevadas a cabo por él y sus funcionarios ante el gobierno nacional”. 

Respecto a la promesa del pago diferencial de la tarifa de electricidad, el Intendente indicó: “Desconozco si efectivamente existió una promesa de esa característica. Los subsidios en la tarifa eléctrica deben implementarse como parte de un programa social o de promoción industrial. Entiendo que en su momento los gobiernos anteriores no han propuesto dichas políticas o no han firmado compromisos con nación o concesionario para poder financiarlos e implementarlos”. 

Por último, expresó respecto a las obras vinculadas que beneficiarían a la región: “Considero de suma importancia y necesidad la pronta licitación de la obra subestación legua 7, obra eléctrica que beneficiará a Esquel y trávelin, permitirá acompañar el crecimiento demográfico y posibilitará tener un desarrollo ordenado de las ciudades. Las inversiones turísticas, loteos, obras en parque industrial, aeropuerto, desarrollos privados, etc. dependen de obras de esa características”.