PBA mueve fichas sobre tierras fiscales y marca límites a municipios por inmuebles

El Gobierno de Axel Kicillof avanzó con dos resoluciones que redefinen el manejo de inmuebles fiscales en distintos puntos de la provincia y dejan un mensaje político claro: la administración de las tierras provinciales seguirá bajo la órbita bonaerense, aun cuando los municipios intervengan en su gestión.

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, fueron firmadas por el ministro de Economía, Pablo López, y tienen como protagonistas a los municipios de San Isidro y General Pueyrredón.

En el primer caso, la Resolución Nº 138 delegó en la Municipalidad de San Isidro la tenencia y administración de inmuebles de dominio público provincial ubicados sobre la costa del Río de la Plata. La decisión se adoptó al amparo del artículo 38 del Decreto Ley 9.533/80, que permite transferir la administración de bienes fiscales cuando sus características así lo justifican.

El convenio habilita al municipio a otorgar concesiones sobre esos inmuebles, aunque bajo supervisión provincial. Además, establece el esquema de distribución de los cánones que perciba por esas explotaciones: el 60% quedará para San Isidro como compensación por la administración y el 40% deberá ser transferido a la Provincia.

La resolución también incorpora una advertencia de la Fiscalía de Estado, que recordó que cualquier exención del pago de cánones deberá ser excepcional y estar debidamente fundada, además de exigir un relevamiento previo de todas las ocupaciones existentes.

La Provincia desautorizó una inscripción realizada por General Pueyrredón

La segunda medida, la Resolución Nº 181, expone una disputa de carácter patrimonial con el municipio de General Pueyrredón.

El Ministerio de Economía dejó asentado que un inmueble ubicado en Mar del Plata continúa siendo de dominio privado de la Provincia, pese a que el municipio había ordenado su inscripción a nombre de la comuna mediante una ordenanza sancionada en 2024.

Según la cartera económica, el predio no reúne las condiciones legales para ser considerado espacio verde público municipal y la documentación utilizada por la comuna resulta insuficiente para acreditar un cambio de titularidad. También sostuvo que nunca existió una mutación jurídica válida del dominio y que el inmueble continúa perteneciendo a la Provincia desde la donación realizada por el propio municipio en la década de 1980.

Por ese motivo, el Gobierno bonaerense instruyó a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales a realizar las actuaciones necesarias ante el Registro de la Propiedad para adecuar los registros a la situación jurídica que considera correcta.

Dos resoluciones con una misma señal

Aunque responden a expedientes distintos, ambas resoluciones reflejan una misma estrategia del Ministerio de Economía: fortalecer el control sobre el patrimonio inmobiliario provincial.

Mientras en San Isidro la Provincia delega la administración, pero mantiene la titularidad y las reglas de explotación de los inmuebles, en General Pueyrredón interviene para dejar sin efecto una inscripción que, a su criterio, alteró indebidamente la propiedad de un bien fiscal.

Las dos decisiones ratifican que la administración de los inmuebles provinciales puede descentralizarse, pero que la definición sobre su dominio y utilización continuará bajo la autoridad del Gobierno bonaerense.