Kicillof va por $1.900 millones: intiman a una cooperativa y preparan el cobro judicial

La administración de Axel Kicillof endureció su postura frente a la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Limitada y resolvió intimarla a cancelar una deuda de $1.891.638.708,89 con el Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA). La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 580 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este viernes en el Boletín Oficial. 

Según la resolución, la deuda se originó por la falta de ingreso de los agregados tarifarios que la distribuidora eléctrica cobró a sus usuarios y que debían ser transferidos al FITBA. El monto actualizado al 30 de abril de 2026 incluye cuotas vencidas de distintos planes de regularización, una deuda surgida de la auditoría de 2022 y obligaciones corrientes correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, además de los intereses que continúen acumulándose hasta el pago efectivo. 

El expediente detalla que la cooperativa había adherido en varias oportunidades a planes de regularización impulsados por la Provincia desde 2023 para refinanciar sus obligaciones. Sin embargo, los incumplimientos persistieron pese a las sucesivas reestructuraciones, intimaciones administrativas y cartas documento enviadas por el Ministerio de Infraestructura. 

La Provincia otorgó ahora un plazo excepcional y perentorio de diez días hábiles para cancelar la totalidad de la deuda. Además, dejó abierta la posibilidad de que la entidad utilice créditos retenidos del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias mediante un mecanismo de cesión para reducir parte del pasivo. 

La resolución también dispone que, si el pago no se concreta dentro del plazo establecido, Provincia Fideicomisos S.A.U. deberá iniciar las acciones judiciales para reclamar el cobro de la deuda. El acto administrativo, además, constituye título ejecutivo, lo que agilita el proceso judicial previsto en la legislación bonaerense. 

El Gobierno provincial sostiene que los recursos reclamados fueron efectivamente percibidos por la cooperativa a través de las facturas de electricidad, pero nunca fueron depositados en el fideicomiso, pese a que esos fondos poseen una afectación específica destinada al financiamiento del sistema eléctrico provincial. 

Durante la tramitación del expediente también intervino el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), al que el Ministerio solicitó evaluar la apertura de un procedimiento sancionatorio y mantener retenidas las compensaciones tarifarias que percibe la distribuidora hasta tanto regularice su situación. 

Con esta resolución, la gestión de Kicillof da un paso más en la recuperación de fondos vinculados al sistema eléctrico bonaerense y eleva la presión sobre la cooperativa de Balcarce, que enfrenta la posibilidad de un reclamo judicial por casi $1.900 millones si no regulariza su situación en los próximos días.