Caso Mangini: la Cámara ratificó la domiciliaria y rechazó la apelación fiscal

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó la prisión domiciliaria de Albertina Mangini, la exfuncionaria investigada en una causa por presunta asociación ilícita, defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo. La medida comenzó a regir luego de que se dispusiera la colocación de una tobillera electrónica para supervisar sus movimientos.

La resolución ratificó lo establecido el pasado 7 de octubre por el juez de primera instancia. Además del monitoreo electrónico, Mangini deberá someterse a controles periódicos del Patronato de Liberados y tendrá prohibido mantener contacto, tanto directo como indirecto, con la víctima, los testigos y los demás imputados en el expediente.

La fiscal Betina Lacki, con el acompañamiento del fiscal de Cámara Alejandro Marchet, había apelado la decisión al considerar que persistían riesgos procesales. Entre sus argumentos mencionó la complejidad de la presunta organización delictiva, la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la existencia de testimonios pendientes y posibles maniobras destinadas a obstaculizar la investigación.

Sin embargo, las juezas María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard entendieron que los riesgos señalados por la acusación podían ser abordados mediante las restricciones y los mecanismos de supervisión establecidos, sin necesidad de mantener a la imputada en una unidad penitenciaria. Para adoptar la decisión también tuvieron en cuenta su estado de salud y las consecuencias del encarcelamiento.

En ese sentido, los informes médicos y psicológicos presentados por sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Molina, señalaron una pérdida considerable de peso, dificultades alimentarias y un cuadro de ansiedad y angustia que requiere seguimiento profesional. El tribunal valoró estas circunstancias junto con la ausencia de antecedentes penales condenatorios, el arraigo domiciliario y las condiciones de control previstas, por lo que resolvió mantener el beneficio mientras continúa la investigación judicial.