A la secretaria general de la Presidencia también se le acusa por delitos de cohecho e infringir la Ley de Ética Pública. La presentación judicial fue realizada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la CC-ARI
Argentina
Sebastian Sanchez
Diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por presunto cohecho y tráfico de influencias en el marco del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. La denuncia, presentada ante los tribunales de Comodoro Py por los legisladores Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, también se basa en una supuesta violación de la Ley de Ética Pública.
Los parlamentarios argumentaron que Karina Milei, además de su rol oficial, tendría un papel clave en la organización de las reuniones presidenciales, lo que la habría vinculado con los impulsores del token digital. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, hasta el momento, la hermana del presidente Javier Milei no ha sido formalmente imputada en la investigación judicial en curso.
Según la denuncia, el trader estadounidense Hayden Mark Davis habría mencionado en conversaciones privadas que Karina Milei solicitaba sobornos a cambio de gestiones vinculadas a la promoción de $LIBRA. Asimismo, se menciona que el empresario Díogenes Casares ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el mandatario difundiera la criptomoneda en sus redes sociales. El escrito también señala que la Secretaria General de la Presidencia facilitó reiteradas visitas de Davis y otros empresarios vinculados a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Los registros oficiales indican que Mark Hayden Davis ingresó a la Casa de Gobierno en al menos nueve oportunidades, acompañado en ocasiones por los empresarios Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, todos relacionados con el desarrollo y promoción de $LIBRA. La presentación judicial también menciona que Sergio Morales, otro de los involucrados, fue dado de alta ante la ANSES y el fisco por la Secretaría General de la Presidencia, aunque no llegó a asumir un cargo formal en el Ejecutivo.
Los legisladores opositores también citaron el testimonio del orfebre Juan Carlos Pallarolls, quien declaró que Karina Milei le solicitó un depósito de 2000 dólares para coordinar una audiencia con el presidente. En el documento presentado ante la Justicia, también se refieren declaraciones de la periodista Cristina Pérez, quien sostuvo que personas del entorno del gobierno habrían pedido dinero a empresarios para acercarlos al mandatario.
La denuncia remite a la Ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios deben privilegiar el interés general por sobre el particular y abstenerse de recibir beneficios indebidos. Además, se señala el artículo 256 del Código Penal, que tipifica el delito de cohecho con penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Hasta el momento, desde la Secretaría General de la Presidencia no se ha emitido ninguna respuesta oficial a la denuncia. En tanto, la causa judicial continúa en etapa de investigación, con la recolección de pruebas y testimonios que podrían determinar el alcance de las responsabilidades en el caso.
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