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La intervención comenzó alrededor de las 2:50 de la madrugada del martes 3 de noviembre. Participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, apoyados por bomberos y servicios sociales.
La Delegación del Gobierno en Madrid, bajo la dirección de Pilar Trinidad, justificó el desalojo por la persistencia del asentamiento a pesar de dos requerimientos previos, la existencia de hechos presuntamente delictivos en el interior y el entorno de la plaza, y la alteración del orden público.
Según la Delegación, la finalidad reivindicativa de la protesta ya se había desarrollado y un número elevado de las personas que pernoctaban eran personas sin hogar. Afirma que la actuación se realizó “sin disturbios ni episodios de violencia” y bajo criterios de proporcionalidad.
La acampada se instaló el 26 de septiembre tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció días después. Funcionaba con un modelo horizontal de comisiones. El pasado sábado varias de esas comisiones anunciaron su retirada para trasladar la movilización a los barrios y preparar una huelga general.
Un grupo residual permaneció en la plaza y, según algunas voces, se reorganizó en torno a los derechos de las personas sin hogar.Por su parte, la cuenta oficial de la acampada y varios participantes denunciaron una intervención “violenta” de las unidades antidisturbios, con uso de gas pimienta y golpes que habrían dejado heridos. Algunos aseguran que no recibieron aviso previo y que no se les permitió recoger sus pertenencias.
La Delegación rechaza estas acusaciones y mantiene que el desalojo se completó sin alteraciones violentas del orden público. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento retiraron posteriormente lonas y tiendas, que se trasladarán a depósitos municipales.
Con este operativo finaliza la ocupación de la Puerta del Sol, que se prolongó 37 días y había recuperado el modelo de acampada del 15-M.
