Cónclave de la Justicia Electoral: las reformas bajo la lupa en un encuentro con peso político

La II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia reunió en La Plata a jueces, funcionarios, legisladores y especialistas para debatir, entre otros aspectos, los cambios pendientes de cara al año próximo. La continuidad de las PASO nacionales y las definiciones sobre el calendario bonaerense estuvieron entre los ejes de discusión.
Provincia29 de octubre de 2026Día a Día MultimediosDía a Día Multimedios

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La reforma electoral comenzó a instalarse como una de las discusiones centrales en la preparación del escenario político de 2027. Con definiciones pendientes tanto en el Congreso nacional como en la provincia de Buenos Aires, la organización de los próximos comicios abrió interrogantes sobre las reglas de competencia, los mecanismos de votación y las condiciones institucionales en las que se desarrollará la disputa por el poder.

La cuestión tuvo un lugar destacado en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, organizada por el Centro de Estudios en Derecho Electoral (CEDE) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Durante el 26 y 27 de octubre, más de 400 personas participaron de las actividades, que reunieron a juristas, magistrados, académicos, legisladores y representantes de los gobiernos nacional y bonaerense para debatir sobre las transformaciones del sistema político y los desafíos de la democracia.

Uno de los ejes fue la necesidad de revisar las reglas electorales con vistas a 2027, en un contexto en el que todavía no se resolvió el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales y tampoco hay definiciones sobre el calendario electoral bonaerense. Las discusiones involucran a distintos niveles del Estado y a fuerzas políticas con posiciones diversas sobre cómo organizar las elecciones, por lo que las eventuales modificaciones deberán atravesar instancias institucionales y acuerdos legislativos.

Los planteos para la reforma nacional

La reforma electoral en el ámbito nacional fue uno de los temas abordados por los legisladores Giselle Castelnuovo, de La Libertad Avanza; Sebastián Galmarini, del Frente Renovador; y Vanesa Siley, de Unión por la Patria. El panel, moderado por Daniela Sayal, secretaria electoral del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, estuvo dedicado a analizar los sistemas partidarios, la representación política y las perspectivas electorales para 2027.

En ese marco, la continuidad de las PASO constituye uno de los principales interrogantes para las fuerzas políticas. La posibilidad de eliminarlas forma parte de la discusión nacional y plantea consecuencias que exceden el costo económico de su organización, ya que también involucra los mecanismos para seleccionar candidaturas, ordenar las internas partidarias y resolver las diferencias entre sectores que compiten dentro de una misma fuerza.

El director del CEDE y juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, se refirió a esa discusión durante la apertura del encuentro. El magistrado advirtió sobre el impacto que tiene la pérdida de confianza en los partidos políticos sobre la credibilidad de los gobiernos y los sistemas electorales, y consideró necesario revisar los mecanismos democráticos al interior de las organizaciones partidarias.

"Cuando se discute la posible eliminación de las PASO es importante analizarlas en todas sus dimensiones, no sólo como un gasto", afirmó Ramos Padilla. Su planteo puso el foco en la necesidad de considerar el papel que cumplen las primarias dentro del sistema político, en momentos en que el futuro de ese instrumento continúa sujeto al debate nacional.

La discusión se desarrolla, además, en un escenario atravesado por la crisis de representación y las dificultades de las instituciones para sostener la confianza ciudadana. En ese sentido, el presidente de la Junta Electoral bonaerense, Sergio Torres, sostuvo durante la apertura que "la confianza ciudadana es un activo de la democracia recuperada en 1983" y recordó que "la legitimidad de origen es el primer peldaño de la gobernabilidad".

La relación entre las reglas electorales y la legitimidad de los gobiernos también apareció en las intervenciones de los especialistas, que plantearon la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales y el vínculo entre la Justicia Electoral y la academia. Las modificaciones que se discutan para los próximos comicios deberán contemplar, además de su implementación práctica, sus efectos sobre la participación política y la confianza en los resultados.


Cónclave de la Justicia Electoral: las reformas bajo la lupa en un encuentro con peso político

Provincia: calendario, instrumentos de votación y autonomía municipal

En el plano bonaerense, las discusiones se concentraron en los desafíos de organización electoral y en las alternativas para revisar el régimen vigente. La falta de definiciones sobre el calendario de 2027 mantiene abiertos interrogantes acerca de las fechas de votación y la eventual concurrencia con los comicios nacionales, una decisión que tendrá consecuencias sobre la planificación de las fuerzas políticas y el desarrollo de las campañas.

El tema fue abordado en un diálogo interinstitucional del que participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de la Suprema Corte de Justicia provincial, Hilda Kogan; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez. La actividad, moderada por Amós Grajales, relator de la Suprema Corte bonaerense, estuvo dedicada a los desafíos pendientes y a las posibilidades de revisar los mecanismos de organización electoral.

La discusión también tuvo un capítulo específico sobre el sistema electoral provincial. Los legisladores Sofía Vannelli, de Fuerza Patria; Diego Garciarena, de la Unión Cívica Radical; y Matías De Urraza, de La Libertad Avanza, analizaron las reformas pendientes y las perspectivas del régimen bonaerense en una mesa moderada por María Laura Roteta, fiscal federal con competencia electoral en la provincia.

Entre los asuntos abordados estuvieron los instrumentos de votación, el cronograma electoral y las autonomías municipales, tres cuestiones que forman parte del debate sobre la organización de los comicios y las competencias de los distintos niveles de gobierno.

El calendario aparece como una de las variables de mayor relevancia política. La definición de las fechas condiciona los tiempos de las campañas, las negociaciones para conformar alianzas y la estrategia de los partidos, mientras que una eventual modificación del sistema de votación podría exigir cambios organizativos y normativos. Por ahora, el escenario bonaerense permanece abierto y las discusiones no se tradujeron en una definición definitiva sobre el cronograma de 2027.

Las decisiones que se adopten en la provincia también deberán inscribirse en el marco de la relación con el calendario nacional. La posibilidad de que las elecciones bonaerenses se realicen en simultáneo con las nacionales, o que se establezcan fechas diferenciadas, constituye una cuestión de peso para los partidos que deberán competir en ambos niveles. Sin embargo, la definición de esa estrategia política todavía convive con la discusión más amplia sobre las reglas electorales que estarán vigentes.

Desinformación, tecnología y control de las campañas

La reforma electoral no se limitó a las PASO ni a las fechas de votación. Las jornadas también pusieron sobre la mesa los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la circulación de información falsa y los contenidos generados mediante inteligencia artificial, asuntos que ganaron relevancia en la discusión sobre la integridad de las campañas y la transparencia de los procesos electorales.

Durante la apertura del segundo día, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, reflexionó sobre los principios rectores del derecho electoral y la necesidad de recurrir a ellos frente a vacíos normativos. En ese contexto, se refirió a las noticias falsas y los deepfakes, y advirtió que la Argentina no cuenta con una legislación específica que regule las plataformas digitales durante las elecciones.

"La Justicia Electoral debe dar pasos en función de los principios rectores", sostuvo Dalla Vía, al plantear la necesidad de responder a los nuevos desafíos sin perder de vista los principios que orientan el derecho electoral.

El debate incluyó también el financiamiento de las campañas, la tipificación de nuevas faltas y delitos electorales, la observación de los comicios y las herramientas tecnológicas que pueden facilitar el acceso a la información y agilizar los trámites. Estos temas suman otra dimensión a la discusión sobre las reglas de 2027, en la medida en que la transformación de las campañas digitales obliga a revisar los mecanismos de control y las respuestas institucionales frente a prácticas que pueden afectar la transparencia.

Las actividades reunieron, entre otros, al juez federal con competencia electoral en Entre Ríos, Leandro Ríos; al secretario de actuación judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Gonçalves Figueiredo; y a la coordinadora general electoral de la Junta Electoral bonaerense, Ana María Bourimborde. También se presentaron investigaciones sobre desinformación, inteligencia artificial, participación ciudadana y estrategias para fortalecer la integridad de las campañas.

La discusión sobre las tecnologías se vinculó, además, con el comportamiento electoral y el rol de los medios y las redes sociales en la formación de la opinión pública. Durante el cierre de la primera jornada, Mario Riorda, Natalia Aruguete y Yanina Welp analizaron los efectos de la comunicación política, la polarización y la desinformación sobre las democracias latinoamericanas.


Cónclave de la Justicia Electoral: las reformas bajo la lupa en un encuentro con peso político

La representación política, otro frente de debate

La reforma de las reglas electorales también se relaciona con una discusión más amplia sobre el funcionamiento de los partidos y la representación política. En el encuentro se abordaron la participación de las juventudes, el ausentismo, la desafección ciudadana y los obstáculos que enfrentan distintos sectores para ejercer sus derechos políticos.

Las universidades públicas ocuparon un lugar específico en ese intercambio, con un panel dedicado a su aporte a la formación de una ciudadanía activa y un voto informado. Representantes de distintas casas de estudio analizaron la articulación entre las instituciones universitarias y la Justicia Electoral, en una discusión que puso el acento en la formación cívica y la confianza en los procesos democráticos.

También se debatieron la participación política de las mujeres y la violencia política electoral. Las expositoras plantearon que estas prácticas constituyen un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos y advirtieron sobre la necesidad de defender la paridad sustantiva y garantizar condiciones de participación sin violencia.

El cierre de las jornadas estuvo dedicado a los rumbos de las democracias latinoamericanas y a la crisis de representación. Ana Paola Zuban, Facundo Cruz, Flavia Freidenberg y Juan Manuel Abal Medina analizaron el escepticismo ciudadano y la tendencia a votar en rechazo a determinadas opciones políticas, un fenómeno que plantea desafíos para los partidos y las instituciones.

Con la mirada puesta en 2027, los debates de la UNLP reunieron distintas dimensiones de una discusión que deberá traducirse en decisiones concretas en los ámbitos nacional y provincial. La continuidad o eliminación de las PASO, el calendario bonaerense, los instrumentos de votación, las autonomías municipales y la regulación de las campañas digitales integran una agenda que involucra a gobiernos, legisladores y autoridades electorales.

Por ahora, las principales definiciones siguen pendientes. Mientras el escenario político comienza a ordenarse en función de las próximas elecciones, la discusión sobre la reforma electoral mantiene abiertos los interrogantes acerca de las reglas con las que competirán las fuerzas políticas y de las herramientas institucionales disponibles para garantizar la transparencia, la participación y la legitimidad de los comicios.

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