Puerto La Plata: contratos millonarios y una terminal lejos de su potencial

Mientras el movimiento general de cargas y la cantidad de buques retrocedieron en el comienzo de 2026, el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata puso en marcha contrataciones privadas por más de $2.281 millones más IVA. Seguridad, gastronomía, mantenimiento ferroviario, espacios verdes y obra pública integran una trama de expedientes que abre interrogantes sobre los criterios de selección, los proveedores y el régimen utilizado. 

Al frente está Susana González, dirigente de estrecho vínculo con Mario Secco y designada por Axel Kicillof. Por encima, la política portuaria bonaerense depende del Ministerio que conduce Augusto Costa. A ello se suman multas recientes del Tribunal de Cuentas y un dragado de millones de dólares cuya historia merece ser reconstruida.

El Puerto La Plata reúne prácticamente todos los elementos que deberían convertirlo en una pieza central de la logística bonaerense: ubicación estratégica, conexión ferroviaria, infraestructura para contenedores, acceso directo al Río de la Plata y una terminal privada construida para operar cientos de miles de TEUs al año. Sin embargo, detrás de ese potencial aparece una realidad bastante más compleja.

Los últimos números oficiales muestran una actividad dispar. Durante 2025 el Puerto movilizó 3.680.923 toneladas, contra 3.804.439 del año anterior, una caída del 3,2%. En el primer trimestre de 2026 el retroceso se profundizó: fueron 734.776 toneladas, 18,5% menos que en el mismo período de 2025. También disminuyó el movimiento de embarcaciones: 117 buques frente a 149, una baja interanual del 21,5%. 

La excepción son los contenedores. En 2025 se movilizaron 23.574 TEUs, un crecimiento del 229% interanual, y durante el primer trimestre de este año llegaron a 6.338, un salto del 248,6%. El crecimiento existe y es significativo. El problema aparece cuando se mira la base desde la que se parte: la página de infraestructura de TecPlata informa una capacidad inicial de 450.000 TEUs por año, mientras que su portada actual ya menciona una capacidad anual de 500.000. Aun tomando el parámetro más bajo, lo operado en todo 2025 equivale a poco más del 5% de aquella capacidad inicial. 

Es decir: el porcentaje de crecimiento de los contenedores impresiona, pero también evidencia cuánto terreno tiene todavía por recorrer una infraestructura que fue concebida para volúmenes muy superiores.

Mientras cae la actividad, una batería de contratos millonarios

La propia página del Puerto La Plata mantiene publicadas varias licitaciones privadas de 2026. Entre ellas figura la contratación del servicio de vigilancia y seguridad por $1.275.456.000 más IVA; una cuadrilla para mantenimiento y reacondicionamiento ferroviario por $366 millones más IVA; comedor y viandas para los empleados por $340 millones más IVA; mantenimiento de espacios verdes por $180 millones más IVA y la primera etapa de una plaza sobre Avenida Baradero por otros $120 millones más IVA. En conjunto, sólo esos cinco procedimientos suman $2.281.456.000 más IVA. A eso se agrega una licitación privada por US$104.000 más IVA para el reacondicionamiento de bogies ferroviarios. 

El volumen económico no determina por sí mismo que exista una irregularidad. Pero sí vuelve indispensable explicar con precisión cómo funciona el mecanismo.

Y allí surge una particularidad importante: en letras mayúsculas, la propia página oficial del Consorcio advierte que en las licitaciones privadas sólo serán admitidas las ofertas de empresas que cuenten con invitación del organismo. 

De allí se desprenden preguntas elementales: ¿quién decide qué compañías son invitadas? ¿Cuántas son convocadas en cada expediente? ¿Con qué antecedentes? ¿Qué precios ofrece cada una? ¿Cuál es el dictamen de evaluación? ¿Existe un orden de mérito? ¿Qué fundamento determina recurrir a una licitación privada para contratos que superan, en un caso, los $1.200 millones?

La página de licitaciones señala que sus publicaciones se realizan conforme al artículo 15 de la Ley provincial 13.981 y al artículo 16 de la Resolución 37/18 del Puerto, “y sus modificatorias”. Sin embargo, el Reglamento de Contrataciones que el propio sitio mantiene accesible contiene la actualización aprobada mediante la Resolución 38/19.

Ese documento establecía en 2019 una escala que permitía licitación privada hasta $20 millones; licitación privada con publicación en el Boletín Oficial entre $20 y $40 millones; y exigía licitación pública para montos superiores a $40 millones. También disponía que las erogaciones superiores a $2 millones debían contar con autorización del Directorio. 

Naturalmente, aquellos importes quedaron pulverizados por años de inflación y pueden haber sido modificados posteriormente. El propio Puerto habla de “modificatorias”. Precisamente por eso hay una pregunta documental concreta que debería responder el organismo: ¿cuál es hoy la resolución vigente que actualizó esos topes y permite tramitar por licitación privada contratos de $340 millones, $366 millones o $1.275 millones?

No se trata de afirmar que el procedimiento sea ilegal. Se trata de obtener la norma actualizada y reconstruir la cadena normativa que lo habilita.

Seguridad: $1.275 millones y un expediente todavía “en curso”

El expediente más voluminoso es el EX-2026-00002991, correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad privada. El presupuesto oficial es de $1.275.456.000 más IVA y la apertura de ofertas se realizó el 16 de abril. Al 1° de octubre, el sitio oficial todavía lo incluye entre las licitaciones “en curso”. 

Según la información difundida después de una controversia periodística, participaron Murata S.A., Ronin Group Austral S.A., Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., MAC Servicios Empresarios SRL, Urban Solutions Seguridad, Ezer Seguridad Privada e Impacto Protections SRL. El Consorcio también negó expresamente que Sucoas SRL hubiera participado en ese proceso. 

El dato es importante porque evita mezclar expedientes.

Sucoas no aparece en la licitación de seguridad, pero sí tiene un historial verificable dentro del Puerto. En 2025 obtuvo una contratación privada de $64 millones más IVA para trabajos sobre la vía ferroviaria; también fue adjudicataria de una contratación ferroviaria por $190,561 millones en 2024, y figura como ganadora de procedimientos ferroviarios anteriores, entre ellos el de 2022 y una obra de 2021. 

Eso permite investigar recurrencia de proveedores y evolución de precios sin atribuirle a la empresa un expediente en el que no intervino.

Hay además una cuestión para aclarar sobre la propia mecánica del procedimiento de seguridad. Frente a la polémica, autoridades del Puerto dijeron que varios proveedores fueron invitados y que otros se presentaron al tomar conocimiento de la publicación del llamado. Esa explicación merece ser conciliada con el aviso de la página oficial que sostiene que en las licitaciones privadas sólo se admiten empresas que tengan invitación del Consorcio. 

El dragado: una licitación anulada y una empresa que siguió trabajando

En febrero de 2025 el Puerto llamó a una licitación pública para el mantenimiento de los canales de acceso y del vaso portuario. El presupuesto era de US$10,35 millones más IVA y contemplaba 365 días de trabajos, con otros 365 días eventuales. Sin embargo, el 13 de marzo de 2025 el Directorio resolvió dejar sin efecto el procedimiento. La resolución publicada en el Boletín Oficial alegó razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” y mencionó demoras administrativas y cambios institucionales a nivel nacional que podían afectar la autorización del dragado. 

En junio de 2026, la presidenta Susana González recorrió trabajos de dragado de los canales de acceso y del vaso portuario hasta una profundidad de 32 pies. Las tareas estaban siendo ejecutadas por Compañía Sud Americana de Dragados S.A., filial local del grupo belga Jan De Nul. 

Existe un antecedente que puede explicar esa continuidad: una licitación de 2023 había terminado adjudicada a Compañía Sud Americana de Dragados. La empresa informó luego la firma de un contrato para profundizar el canal desde 28 hasta 32 pies. 

La pregunta, por lo tanto, no debería formularse como una acusación sino como una reconstrucción documental: ¿bajo qué contrato exacto se ejecutaron las tareas de 2026? ¿Qué vigencia tenía? ¿Hubo prórrogas, redeterminaciones o ampliaciones? ¿Cuánto terminó pagando el Consorcio? ¿Y por qué, si existía un contrato capaz de garantizar la continuidad del servicio, se lanzó en 2025 otro procedimiento por US$10,35 millones que después fue dejado sin efecto?

Tribunal de Cuentas: ocho multas y un asunto pendiente

El 4 de junio de 2026, el Tribunal de Cuentas bonaerense resolvió la rendición correspondiente al ejercicio 2024 del Consorcio. El organismo aprobó la cuenta, pero al mismo tiempo aplicó ocho multas que totalizaron $6.050.000.

José María Lojo, entonces presidente, recibió una multa de $900.000. Alejandro Sández, Facundo Pennacchioni, Rodolfo Chávez, Susana Giulietti, Ernesto Moreno y Dardo Rodríguez fueron sancionados con $750.000 cada uno, mientras que a Paula Chistik Oubiña se le impuso una multa de $650.000. 

Además, el Tribunal decidió mantener otro pronunciamiento en suspenso y señaló que varios responsables no debían considerarse exentos de responsabilidad hasta que ese punto fuera resuelto definitivamente. 

La aclaración temporal es indispensable: se trata del ejercicio 2024, cuando el Puerto estaba conducido por Lojo. Las sanciones no corresponden a la presidencia actual de Susana González.

Sin embargo, dos nombres le otorgan actualidad al fallo. Alejandro Sández continúa integrando el Directorio como representante de Ensenada, mientras que Paula Chistik continúa al frente de la Gerencia de Administración. 

Tampoco se trata de un antecedente aislado. En la rendición de 2021, el Tribunal aprobó la cuenta pero aplicó llamados de atención y desaprobó determinados egresos, formulando cargos por $127.442,18 y otros $819.206,67 contra distintos responsables. En el ejercicio 2020 también aprobó la rendición y aplicó llamados de atención a integrantes del Consorcio. 

Estos fallos no acreditan corrupción ni delitos. Sí acreditan la existencia de observaciones, sanciones y cargos formales del organismo constitucional encargado del control externo.

Susana González, una dirigente del riñón político de Ensenada

La nueva etapa del Puerto comenzó el 11 de diciembre de 2025, cuando Susana Haydee González reemplazó a José María Lojo. La designación fue formalizada por Axel Kicillof mediante el Decreto 11/2026: González ocupa el lugar correspondiente al Gobierno provincial y, de acuerdo con el estatuto del Consorcio, ese representante ejerce automáticamente la Presidencia. 

González no llega desde afuera de la política regional. Es abogada, fue secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada y luego diputada provincial. Su trayectoria está estrechamente ligada al intendente ensenadense Mario Secco. En 2017 ingresó a la Legislatura en la lista política encabezada por el jefe comunal y distintos medios la han caracterizado como una dirigente de fuerte vínculo con Secco y como una de las voces del kicillofismo durante su paso por Diputados. 

Su designación, por lo tanto, tiene una doble dimensión: institucionalmente representa al Gobierno provincial; políticamente proviene de uno de los espacios territoriales más cercanos al gobernador dentro de la región capital.

El nuevo Directorio también mantiene a Alejandro Sández por Ensenada y a Martín Fernández por Berisso. Cuando se formalizó la integración para el período 2026-2029, la Municipalidad de La Plata todavía no había designado a su representante; la página actual del Puerto continúa mostrando el Directorio sin un delegado platense. 

Augusto Costa y el control político provincial

Pero la conducción política del sistema portuario bonaerense no termina en cada Consorcio. Los puertos se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa, uno de los ministros que acompaña a Axel Kicillof desde el inicio de su gestión provincial. Dentro de esa cartera funciona la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, actualmente encabezada por Juan Cruz Lucero. 

Las funciones formales de esa Subsecretaría son relevantes para esta investigación: actúa como Autoridad Portuaria Provincial, propone la política para el sector, gestiona recursos portuarios y, expresamente, tiene la atribución de “supervisar el funcionamiento de los Consorcios de Gestión”. También debe proponer pautas y criterios para licitaciones vinculadas con la explotación y concesiones portuarias. 

Costa, además, encabezó en marzo junto a González, Secco, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi y Lucero la presentación del Plan Quinquenal del Puerto La Plata. El propio Ministerio explicó entonces que esos planes deben alinearse con los criterios y objetivos definidos por el Poder Ejecutivo bonaerense. 

Esto no significa que Costa adjudique personalmente cada contratación del Puerto ni permite trasladarle automáticamente decisiones que corresponden al Directorio del Consorcio. Pero sí coloca al Ministerio que conduce en el vértice institucional de la política portuaria provincial y de la supervisión de los consorcios.

A todo esto se suma un antecedente político-gremial.

En enero de 2025, Claudio Alí, secretario adjunto del SUPA, hizo públicas acusaciones contra la conducción de entonces. Cuestionó gastos relacionados con las actividades de “Puerto-Ciudad” y sostuvo que no obtenía explicaciones sobre esos desembolsos. También anunció que buscaría la intervención de la Provincia y del Tribunal de Cuentas. 

Se trata de afirmaciones del dirigente gremial, no de hechos que hayan quedado acreditados judicialmente. El punto pendiente es determinar si la presentación anunciada efectivamente se realizó y, de ser así, qué respuesta recibió.

La Tecla intentó comunicarse con la presidenta del Puerto La Plata para que de su versión de los hechos, pero no consiguió respuestas.