“Respuesta jurídica y política”: Diputados se blinda ante la ofensiva judicial por Chocolate

La causa conocida como Chocolate, que investiga presuntas irregularidades en el cobro de sueldos en la Cámara de Diputados bonaerense, sigue generando ruido y abre nuevas instancias en la Justicia.

Días atrás, el juez de La Plata, Federico Atencio, presentó un despacho en la UFI 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta para investigar movimientos de diputados, luego de que archivaran una solicitud judicial relacionada a empleados cuyos contratos eran cobrados por punteros.

El magistrado presentó el escrito basándose en el Artículo 277 inciso 1 del Código Penal por presunto ocultamiento de información solicitada por la justicia. La fiscal Betina Lacki solicitó las pruebas y las mismas fueron archivadas en la Legislatura. Concretamente habló de posible encubrimiento.

La presentación activó el sistema de defensa legislativo, por lo que esta mañana la presidencia de la Cámara, a cargo de Alejandro Dichiara, convocó a una cumbre, en la que participarán las autoridades del cuerpo y los presidentes de los bloques.


Federico Atencio, juez platense que agitó el avispero con la causa Chocolate.


En principio, se intentará consensuar (ya hay un borrador) un texto para ser difundido a manera de comunicado de prensa. “Será una respuesta jurídica pero también política”; dijeron fuentes parlamentarias.

Según pudo saber La Tecla.info, el basamento jurídico para contrarrestar la ofensiva judicial será remitirse a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que en su artículo 96 dice: “los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo”.

En tal sentido, explicaron que “no hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas”. Traducido: “Los votos que emitan los legisladores no son judiciables. Si votaron archivar, votaron archivar”, señalaron.