Salud pública, al límite: HIGA sin camas, IOMA en conflicto y CAPS bajo la lupa en MDQ

La crisis del sistema de salud dejó de ser una suma de episodios aislados para convertirse en una postal cada vez más frecuente en General Pueyrredon. En Mar del Plata, la tensión atraviesa distintos niveles de atención y alcanza tanto al sistema público provincial como a las obras sociales que deberían garantizar prestaciones. El dato más reciente terminó de encender las alarmas, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” se quedó sin camas de internación, con 45 pacientes en la Guardia y otros 17 provenientes de la Región Sanitaria VIII a la espera de admisión para acceder a atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que la situación está vinculada con la falta de articulación entre el sistema público, las obras sociales y el sector privado. La Provincia apuntó especialmente a PAMI y sostuvo que tres clínicas que históricamente recibían pacientes de esa obra social dejaron de hacerlo, generando un desplazamiento de la demanda hacia el hospital provincial. PAMI, en cambio, rechazó la existencia de una situación de desatención y sostuvo que sus afiliados continúan siendo derivados y atendidos. Mientras ambos sectores intercambian responsabilidades, el HIGA queda como receptor final de una demanda que ya no puede absorber con normalidad.

Los números muestran hasta qué punto aumentó la presión sobre la red. Según los datos difundidos por la Provincia, entre enero y julio las admisiones de la UPA 13 pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un incremento del 90,6%. El propio gobierno bonaerense advirtió que el HIGA debe priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida.

Pero el problema no empieza ni termina en el HIGA. IOMA se convirtió en otro de los principales focos de conflicto sanitario en Mar del Plata. La obra social bonaerense tiene alrededor de 77 mil afiliados en la ciudad y una zona de influencia que supera las 100 mil personas, según datos expresados por su propio presidente, Homero Giles. El conflicto con prestadores privados, las dificultades en las autorizaciones, las demoras y las interrupciones de convenios vienen generando reclamos de afiliados y profesionales. Desde distintos sectores también se denunciaron deudas con prestadores, mientras la conducción de IOMA atribuye parte de sus dificultades al crecimiento de los costos y al contexto financiero de la Provincia.

El nivel de confrontación llegó incluso a las protestas de afiliados y familiares. El colectivo IOMA Autoconvocados difundió un escrache contra funcionarios de la obra social y del Ministerio de Salud bonaerense, a quienes responsabilizó por las deficiencias en las prestaciones. Las acusaciones incluyen cuestionamientos por demoras, interrupciones de coberturas y dificultades para acceder a tratamientos e insumos. En paralelo, en el ámbito local también se reclamó por prestadores que llevan meses sin cobrar, una situación que puede terminar impactando directamente sobre la continuidad de los servicios.

A ese escenario se suma PAMI, otro eslabón que muestra señales de tensión. Durante el año hubo reclamos de trabajadores por la reducción de la atención, cierres de agencias y falta de personal. En junio se confirmó además el traslado de la oficina del Puerto a la denominada Vieja Usina, en Rondeau 520. Desde SUTEPA cuestionaron las condiciones del nuevo espacio y advirtieron que no estaría preparado para absorber la demanda diaria.

Y mientras los distintos niveles del sistema sanitario se disputan responsabilidades, la red municipal tampoco queda al margen de los cuestionamientos. En el Concejo Deliberante se vienen acumulando expedientes vinculados al funcionamiento de los CAPS, entre ellos el de El Martillo, además de pedidos de información sobre el CEMA y otros dispositivos de atención. En julio, la Comisión de Salud llegó a postergar el tratamiento de distintos expedientes por la falta de respuestas oficiales del Ejecutivo, mientras que en septiembre volvió a incorporar entre sus temas la situación del CAPS El Martillo y otras problemáticas vinculadas con la atención sanitaria en los barrios.

El cuadro que aparece detrás de todos estos conflictos es el de una red sanitaria cada vez más tensionada y con menos capacidad para absorber los problemas que se generan en los distintos niveles. Cuando una clínica deja de recibir afiliados de PAMI, la demanda puede terminar en el hospital provincial. Cuando un prestador de IOMA deja de trabajar por falta de pago o por desacuerdos contractuales, el costo puede trasladarse al afiliado o reducir sus alternativas de atención. Y cuando los centros de atención primaria acumulan pedidos de información o reclamos sobre su funcionamiento, la presión vuelve a caer sobre hospitales y guardias.

Así, la discusión ya no pasa solamente por quién tiene la responsabilidad formal de cada problema. Nación apunta a la Provincia, la Provincia apunta al Gobierno nacional y a las obras sociales, las obras sociales discuten con las clínicas y los prestadores reclaman por sus pagos. Pero en el último eslabón de esa cadena aparece siempre el mismo actor: el paciente. Y mientras continúan los cruces entre organismos, sindicatos, prestadores y gobiernos, Mar del Plata enfrenta una señal difícil de ignorar: un hospital interzonal sin camas, miles de personas con dificultades para acceder a prestaciones y una red de atención que muestra cada vez más signos de saturación.