En Enduro que levantó más que arena

El Enduro del Invierno 2026 dejó de ser solamente una competencia deportiva para convertirse en un problema político y judicial en Pinamar. Dos denuncias penales, presentadas por distintos actores, pusieron bajo la lupa la autorización del evento, el vínculo entre dirigentes políticos y empresarios, el uso gratuito de un amplio sector de playa y el impacto de las obras realizadas para montar el circuito.

Apuntaladas sobre los mismos hechos, las denuncias tienen sus particularidades. Sin embargo, ambas reclaman que se investigue cómo se tomó la decisión de habilitar la competencia y qué intereses quedaron involucrados en una autorización que permitió intervenir sobre un sector significativo del frente marítimo. Una de las denuncias fue presentada por el abogado y dirigente Lucas Ventoso. La otra fue impulsada por los ediles peronistas Gregorio Estanga y Violeta Saquilán.  Mientras Ventoso focaliza parte de su presentación en las responsabilidades de funcionarios y en el eventual daño producido sobre un bien público, los concejales ponen especial énfasis en el expediente administrativo, las condiciones económicas de la autorización y las cuestiones ambientales.

La causa judicial presentada por Ventoso distribuye las imputaciones de manera concreta. Contra el concejal Alejo Yeza solicita investigar tres posibles delitos: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contempladas en el artículo 265; y daño ambiental.

Respecto del intendente Juan Ibarguren, la denuncia pide investigar una posible infracción al artículo 248, vinculada con la promulgación de la ordenanza y la posterior ejecución de la autorización. Además, sin atribuir inicialmente la conducta a una persona determinada, solicita determinar si las excavaciones y movimientos de arena pudieron configurar un daño agravado sobre bienes del dominio público, previsto en el artículo 184, inciso 5. Uno de los puntos que atraviesa la presentación es el vínculo societario que, según la denuncia, existiría entre Yeza y Rodrigo Ezequiel Allue. El escrito sostiene que ambos integran Grupo TR2 Pinamar SRL, una sociedad constituida mediante escritura pública que data de 2022. El dato adquiere relevancia porque Allue aparece también vinculado directamente con la organización del Enduro. La ordenanza 7342/26, sancionada el 14 de agosto, señala en sus considerandos que la autorización fue solicitada por Allue, en representación de EDV Entertainment SA, la firma organizadora del evento. Lo que representaría un conflicto entre intereses privados y el ejercicio de funciones públicas.
 
Otra arista de las denuncias es extensión de la playa usada. Según el cálculo incorporado en la causa, la superficie involucrada representó cerca del 30% de las playas públicas de Pinamar. 

Al margen del profundo impacto ambiental, para los denunciantes es insólito que la ocupación y explotación del predio fuesen otorgadas sin cargo alguno. La propia ordenanza 7342/26 eximió a la organización del pago de tasas y cánones por ocupación del espacio público y también de los derechos correspondientes a publicidad y propaganda comercial dentro del predio. 

La magnitud económica del evento es otro de los interrogantes. La denuncia calcula que las inscripciones de los corredores costaban entre 250 y 320 dólares, y las entradas tenían valores de 50.000 pesos para la tribuna general y 120.000 para la preferencial. Los boxes VIP alcanzaban los 300.000 pesos. A eso se sumó la publicidad, con la presencia de marcas internacionales. Sobre esa base, el escrito estima preliminarmente una recaudación cercana a los 500.000 dólares, aunque reclama que la Justicia determine el volumen real del negocio y quiénes fueron sus beneficiarios. En relación a la convocatoria, el propio Municipio reconoció la asistencia de 60 mil personas.

Así, las dos denuncias convergen sobre un mismo eje, si para realizar el Enduro se dejó la pista libre de controles que debían regir sobre el uso del espacio público, la protección ambiental y la actuación de los funcionarios. Ahora será la Justicia bonaerense la que deberá determinar si hubo irregularidades administrativas y qué  delitos. Mientras tanto, con las denuncias recientes por el proyecto Pinamar 2050 y lo sucedido con el Club San Vicente, el caso puso bajo la lupa la frontera entre política, negocios privados, utilización de bienes públicos y protección ambiental en uno de los principales destinos turísticos.

Antecedentes 
El fino arte de negociar

Esta nueva denuncia se suma a la realizada por el Club Atlético San Vicente, que  a su vez fue la segunda luego de la presentación judicial por el proyecto Pinamar 2050. Los tres casos complican a Juan Ibarguren y ponen bajo la lupa una trama de vínculos políticos y empresariales.

El caso del club tuvo como protagonista al secretario de Gobierno, Francisco Montes, señalado por haber explotado presuntamente para beneficio propio un predio municipal cedido gratuitamente a San Vicente, que a su vez fue subalquilado en 2023 para una escuela de fútbol de River Plate, pero los pagos de los alumnos ingresaban a cuentas personales del mencionado funcionario. El entramado salpicó a Santiago Falbo, vicepresidente del club y familiar de Julio Falbo, subsecretario de Planeamiento y uno de los responsables del proyecto Pinamar 2050. 

Este proyecto expone el modelo de ciudad que busca impulsar el gobierno local y abre interrogantes sobre quiénes aprovecharían económicamente esa transformación. Las denuncias plantean que las modificaciones urbanísticas son un negocio en favor de empresarios y políticos.

Lucas Ventoso - denunciante
Ventoso: “Lo que quedó hecha la playa de Pinamar es una porquería”

El Enduro del Invierno pasó por Pinamar para dar la última vuelta en la Justicia. Ante una serie de irregularidades, el abogado y exfuncionario municipal Lucas Ventoso apuntó contra funcionarios por la realización de la competencia en un sector de playa pública. La denuncia alcanza al intendente Juan Ibarguren y al concejal Alejo Yeza (hermano de Martín, exintendente de Pinamar), a quienes atribuye presuntas irregularidades vinculadas con la autorización del evento y sus consecuencias económicas y ambientales. Según explicó Ventoso a La Tecla, la presentación judicial contempla cuatro delitos. Entre ellos, menciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad, a partir de la presunta autorización de la  pista en un lugar donde, sostiene, no correspondía habilitar una competencia de estas magnitudes. Otro de los puntos es de carácter económico.

Según su interpretación, la Justicia debe determinar si existieron perjuicios o irregularidades en torno a la organización del Enduro. Uno de los principales cuestionamientos está puesto sobre el impacto ambiental y el estado en que habría quedado el sector utilizado para la carrera. Ventoso aseguró que el lugar terminó en peores condiciones que antes de la competencia.“Ahora quedó un desastre, porque acomodaron arena suelta. Lo que quedó hecha la playa de Pinamar es una porquería”, afirmó. 

En ese sentido, incorporó a su planteo la posible comisión de un delito ambiental, al considerar que se habría producido un daño sobre un bien público. Su argumento parte de que las playas constituyen bienes del dominio público y que, por lo tanto, cualquier intervención sobre ellas debe ajustarse al marco legal correspondiente. Por último, Ventoso cuestionó que el fiscal de Estado bonaerense no haya intervenido de oficio: “Acá me parece raro que el fiscal de Estado no haya actuado. La verdad, no entiendo cómo es que no hizo nada”.

Juan Ibarguren - Intendente de Pinamar
Ibarguren: "Yeza no tiene nada que ver con la empresa"

El intendente Juan Ibarguren defendió la realización del Enduro y puso el foco en el impacto económico para Pinamar. Sostuvo que la organizadora tiene 34 años de experiencia en este tipo de competencias y realiza eventos en todo el país. 

Además, despegó a Alejo Yeza y a Rodrigo Allue de la empresa organizadora. “Alejo Yeza no tiene nada que ver con la empresa organizadora”, afirmó. Sobre Allue, aclaró que “tampoco es parte de la sociedad, sí lo es su padre”, aunque reconoció que entiende que Rodrigo es apoderado. Ibarguren admitió, de todos modos, que existe un vínculo entre los protagonistas: “Eso no quita que tengan una relación de amistad y vínculo desde otro lado. Son de Pinamar de toda la vida”. 

El intendente también defendió el impacto económico del Enduro. Dijo que convocó a más de 50.000 personas, generó una ocupación hotelera cercana al 60%, permitió crear más de 300 puestos de trabajo y dejó 600 kilos de alimentos que donaron los espectadores.

En la Justicia
Una raya más al tigre: denuncias que se apilan en algún escritorio

A la denuncia presentada por Lucas Ventoso contra funcionarios por la autorización y las consecuencias de la competencia, se agrega la presentación de los concejales del Partido de Pinamar Gregorio Claudio Estanga y Violeta Saquilan, que apuntan a reconstruir cómo se autorizó el evento, qué recursos públicos estuvieron involucrados y si se cumplieron las normas ambientales. La denuncia de los ediles tiene una particularidad: no apunta inicialmente contra personas determinadas, sino que pide a la Justicia que determine quiénes intervinieron, qué decisiones se tomaron y si existieron beneficios económicos para particulares.

Uno de sus puntos más fuertes es la documentación oficial del ministerio de Ambiente bonaerense. Según la presentación, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental informó que no encontró registros del pedido de una evaluación de impacto ambiental correspondiente al Enduro del Invierno. El dato contradice la posición del municipio, que sostuvo que la organización había presentado documentación ambiental. 

Los concejales también pusieron bajo la lupa la Ordenanza 7342/2026, sancionada el 14 de agosto, debido a que contempló autorizaciones con efecto retroactivo para tareas que habían comenzado el 10 de agosto. Es decir, según la denuncia, el movimiento de suelo y el despliegue de maquinaria sobre la playa se iniciaron antes de la sanción de la norma. Además, los denunciantes cuestionan que EDV Entertainment haya quedado eximida del pago de cánones, derechos por utilización del espacio público y tributos vinculados a la publicidad. A su vez, solicitan investigar el uso de maquinaria, personal municipal, Guardia Urbana, tránsito, insumos y horas extras sin que se hubiera establecido un mecanismo claro de compensación al Municipio. 

En materia ambiental, la presentación recupera las advertencias realizadas por organizaciones como la Fundación Ecológica Pinamar y reclama pericias para determinar el daño sobre el sistema dunícola. Ahora es la Justicia quien deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o si los hechos denunciados pueden configurar delitos.