Policía “Made in Conurbano”: la propuesta que reavivó el debate por la inseguridad

La seguridad volvió a instalarse en el centro de la discusión política bonaerense, con reclamos opositores, pedidos de intendentes y una fuerte disputa entre la Provincia y la Nación por los resultados y los recursos destinados a combatir el delito. En ese escenario, la propuesta de crear una “Policía Militar del Conurbano” abrió además un debate de fondo sobre cómo debería organizarse el sistema de seguridad en el principal núcleo urbano de la Provincia.

La iniciativa fue planteada por Joaquín de la Torre y contempla la creación de una fuerza federal con formación militar, dependencia del Gobierno nacional y despliegue específico en el Conurbano, vinculada a su propuesta más amplia de federalización de los municipios de la región. El planteo busca dar una respuesta de escala metropolitana frente a un mapa delictivo que, según sus impulsores, excede las fronteras administrativas de cada distrito.

En ese marco, un documento elaborado por la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), con participación de especialistas y representantes de distintas organizaciones policiales, tomó la propuesta como punto de partida para analizar sus alcances y plantear una alternativa. El trabajo no cuestiona la necesidad de discutir una estructura de seguridad de alcance metropolitano, pero advierte que el problema central del Conurbano no sería la cantidad de fuerzas sino la falta de coordinación entre ellas.

El diagnóstico que atraviesa la propuesta parte de una dificultad concreta: el delito organizado no reconoce límites municipales, pero la respuesta estatal sí. En el Conurbano conviven la Policía Bonaerense, fuerzas municipales y federales, organismos de inteligencia y distintas fiscalías, sin que siempre exista una conducción común. Narcotráfico, robo de vehículos, trata, armas y otras economías criminales atraviesan jurisdicciones mientras el Estado mantiene respuestas fragmentadas. Para los autores del análisis, sumar otra fuerza sin resolver quién manda, quién investiga y cómo se comparte la información podría terminar agravando el problema en lugar de solucionarlo.

En ese punto aparece la principal objeción a la idea de una “Policía Militar” para el Conurbano. El planteo sostiene que el modelo propuesto se parece más a una fuerza gendármica que a una policía militar en sentido estricto, y advierte que la denominación y una eventual formación bajo órbita castrense podrían abrir un debate innecesario sobre la militarización de la seguridad interior. Además, la Argentina ya cuenta con una fuerza federal de naturaleza militar y funciones policiales: Gendarmería. La pregunta, entonces, es qué necesidad concreta justificaría crear una estructura completamente nueva en lugar de especializar y ampliar las capacidades de las fuerzas existentes.

La alternativa planteada apunta  en esa dirección: un Comando Metropolitano de Gendarmería, con presencia permanente y unidades especializadas en crimen organizado, narcotráfico e investigaciones complejas, acompañado por una Autoridad Metropolitana de Seguridad que coordine a Nación, Provincia, CABA y municipios.

El debate aparece en un momento en que la seguridad volvió a generar tensión dentro y fuera del Gobierno bonaerense. La Libertad Avanza pidió la interpelación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, en la Legislatura, mientras que desde José C. Paz también reclamaron al gobernador Axel Kicillof un refuerzo de la seguridad en el distrito.

Desde la Provincia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió defendiendo los resultados de la gestión y sostuvo que los indicadores delictivos, particularmente los homicidios, muestran una reducción respecto de años anteriores. Al mismo tiempo, reconoció que la baja de determinados delitos no implica que el problema haya desaparecido y remarcó la necesidad de continuar con inversiones, tecnología, patrulleros y coordinación con los municipios.

Bianco también trasladó parte de la discusión al terreno presupuestario. Según explicó, la Nación dejó de enviar fondos que la Provincia utilizaba para políticas de seguridad y señaló que el año pasado estaban previstos $750 mil millones para la compra de patrulleros que finalmente no llegaron, por lo que la administración bonaerense debió afrontar parte de esos gastos con recursos propios.