Un reclamo del sur bonaerense calentó el ambiente legislativo con duras críticas

El régimen que da tarifas diferenciadas de gas a más de 90 municipios bonaerenses por bajas temperaturas está en el centro de la disputa entre la Nación y la Provincia. Mientras el diputado Andrés de Leo insistió en que el recorte "no cumple con los requisitos técnicos y científicos", el intendente bahiense ironizó sobre la posición de dirigentes locales que apoyan el cambio. En paralelo, la Casa Rosada avanza con un esquema de tarifa eléctrica diferencial para el norte del país.

El Régimen de Zona Fría, que otorga tarifas diferenciadas de gas a los distritos con bajas temperaturas, volvió a quedar en el centro del debate legislativo bonaerense. El Gobierno nacional de Javier Milei impulsa una reforma que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que dejaría sin ese beneficio a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone retrotraer el esquema a los términos originales de 2002, cuando los beneficios alcanzaban únicamente a la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el municipio bonaerense de Carmen de Patagones. De aprobarse, quedarían excluidos la mayoría de los distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Solo en territorio bonaerense, el cambio afectaría a unos 1.240.000 hogares en 94 municipios, cerca del 20% de los usuarios totales.

En ese marco, durante la última sesión ordinaria, el jefe del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, volvió a rechazar el recorte: "Los estudios bioambientales determinan que los lugares bonaerenses son zona fría, es razonable modificar algunos criterios de ampliación de zona fría, pero no es cuestión de ser dogmático, se habilita al gobierno nacional a disolver fondos fiduciarios públicos". El legislador también apuntó contra el argumento fiscal oficial: "El superávit no lo paga el Tesoro Nacional, no es cierto que hay déficit, el Estado nacional va a ahorrar este año, el temor es que estos fondos vayan a formar parte de fondos fiduciarios que vayan a financiar la deuda que tiene el gobierno nacional".

El legislador bahiense ya había advertido en la primera sesión ordinaria del año que el recorte constituía "un retroceso para toda la región" y había convocado a sus pares del sur y sudoeste bonaerense a "defender y representar a quienes nos votaron y eligieron, no ser obedientes con decisiones que no responden a criterios ni científicos, ni técnicos, ni jurídicos, pero que fundamentalmente perjudican a nuestra región".

Según De Leo, el oficialismo manejó "cifras inexactas": mientras el Gobierno sostuvo que la ampliación de 2021 vació el fondo fiduciario y obligó a financiarlo con $400.000 millones del Tesoro, un informe del Ministerio de Economía de 2025 indica que el fideicomiso tuvo una recaudación de $491.600 millones, con un superávit de $31.823 millones, de los cuales solo $40.000 millones correspondieron a aportes del Tesoro. "¿Esta derogación va a implicar una reducción en el 7,5% que pagan todos los usuarios de la Argentina? No, va a generar un superávit que en vez de financiar a los usuarios que tengan una distinción o segmentación por región o vulnerabilidad va a ir a parar a los gastos corrientes del Estado nacional, tal como pasó con el Fondo Fiduciario para obras hídricas", advirtió.

La ampliación de la Ley N° 27.637, sancionada en 2021, había incorporado 77 municipios bonaerenses al régimen, entre ellos Bahía Blanca, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Azul y Pinamar, alcanzando -según el Censo 2022- a unos 3.358.515 bonaerenses. La media sanción se logró con los votos de la UCR, el PRO, el MID, Innovación Federal, las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo, la Neuquinidad, los tucumanos de Independencia, la exlibertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Fuentes parlamentarias señalaron que, para asegurarse esos apoyos, el oficialismo prometió extender subsidios a las tarifas eléctricas de las provincias del Norte Grande.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, redobló la disputa al calificar de "salames" a los dirigentes de su distrito que respaldan la reforma. Sin nombrarlos, los identificó como referentes del PRO y La Libertad Avanza, sectores que acompañan la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

"Lunes 24 de agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica. Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes políticos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría", ironizó el jefe comunal en su cuenta de X. "De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!", agregó.

Susbielles había enviado un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para judicializar el reclamo y participó de las gestiones de intendentes ante el Congreso para frenar el cambio de régimen. Entre los dirigentes locales que respaldan la iniciativa oficial figura el diputado libertario Oscar Liberman.

En paralelo, la Casa Rosada cerró un acuerdo con cinco provincias del Norte Grande para crear un régimen de tarifa eléctrica diferencial por altas temperaturas, bautizado "Zona Cálida". El entendimiento surgió de una reunión encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el funcionario Diego Santilli; la secretaria de Energía, y los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta.

Desde el Gobierno calificaron el entendimiento como un "acuerdo histórico" orientado a atender el mayor consumo eléctrico que genera el calor extremo en la región. Caputo confirmó que se consensuó una propuesta para redefinir los subsidios en zonas cálidas y muy cálidas, con la intención de implementarla "lo antes posible".

Aún se desconocen los detalles del esquema. El mapa elaborado por el Enargas en 2021 identifica a Formosa, Chaco y Santiago del Estero como las provincias más cálidas del país, aunque dos de ellas no participaron de la reunión pese a compartir ese perfil climático según el mismo estudio que sustenta la Ley de Zona Fría.

De fondo, el proyecto oficial busca retrotraer la Zona Fría a la cobertura previa a la ampliación de 2021 impulsada por el kirchnerismo, lo que —según estimaciones libertarias— permitiría recortar más de $250.000 millones anuales en subsidios. El impacto más fuerte recaería sobre la provincia de Buenos Aires, donde cerca de 1,2 millones de usuarios podrían enfrentar subas de entre 30% y 50% en sus facturas de gas, aunque fuentes oficiales anticiparon que el Gobierno mantendría un esquema residual de asistencia.