Zona fría: Nación negocia con el Norte y 94 municipios bonaerenses quedan en la mira

El futuro de los subsidios al gas que alcanzan a 1,24 millones de hogares de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires quedará atravesado por una negociación que el Gobierno nacional mantendrá este martes con los gobernadores del norte argentino. Mientras las provincias del NEA y NOA reclaman una tarifa eléctrica diferencial por las altas temperaturas, la Casa Rosada busca conseguir apoyos para reducir el régimen de zona fría.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará a las 15.30 una reunión en Casa Rosada junto a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y los diez gobernadores del NEA y NOA. El encuentro tendrá como eje la denominada “zona cálida”, una iniciativa destinada a aliviar las facturas eléctricas en las regiones donde las altas temperaturas generan un mayor consumo de energía.

Pero la discusión tiene un impacto directo sobre territorio bonaerense. El Gobierno de Javier Milei pretende avanzar paralelamente con una reducción de los beneficios de la zona fría, régimen que actualmente subsidia las facturas de gas en numerosas localidades de Buenos Aires y otras cuatro provincias.



De concretarse los cambios impulsados por Nación, alrededor de 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses perderían los descuentos actuales en sus facturas de gas. La cantidad representa aproximadamente al 20% de los usuarios de la provincia.

Para los hogares que queden afuera del régimen, el impacto podría ser considerable: las facturas podrían aumentar entre un 40% y un 100%, aunque algunos usuarios podrían acceder al esquema general de subsidios de acuerdo con los requisitos que establezca el Gobierno.

La reforma genera preocupación principalmente en municipios del interior bonaerense, donde las bajas temperaturas durante el invierno habían sido uno de los argumentos para ampliar años atrás el régimen diferencial.

Ante la posibilidad de perder el beneficio, intendentes y distintos sectores locales comenzaron a impulsar acciones para frenar la modificación, entre ellas campañas de recolección de firmas y gestiones políticas para mantener a los municipios dentro del esquema.