El problema de los morosos incobrables

La crisis económica ya no se refleja únicamente en los indicadores nacionales y en los municipios bonaerenses comenzó a tomar una dimensión que preocupa tanto a los intendentes como al Gobierno de Axel Kicillof. Todos advierten un crecimiento sostenido de la morosidad entre empleados municipales y agentes de la policía bonaerense. En este último caso, la deserción de efectivos lleva a que la fuerza de seguridad se achique, porque además hay cada vez menos interés en los jóvenes para ingresar (ver página 15).

El tema dejó de ser una preocupación aislada para convertirse en un asunto de gestión. Durante la última semana, funcionarios del Gobierno provincial, autoridades del Banco Provincia e intendentes mantuvieron reuniones para analizar el escenario y buscar herramientas que permitan contener una situación que se agrava mes a mes. En la entidad financiera identifican que unos 265 mil trabajadores municipales perciben sus haberes por esa vía y entienden que es un universo sobre el que aún pueden desplegar estrategias para evitar que las deudas terminen por expulsarlos del sistema financiero.

Un informe elaborado por el Banco indica que el aumento de la morosidad responde a un fenómeno generalizado en todo el país y cuya principal explicación es el deterioro de los ingresos familires. Sostiene que el crecimiento de los atrasos en el pago de créditos no se explica, en la mayoría de los casos, por un mayor endeudamiento, sino por la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de puestos de trabajo y el incremento de los costos fijos por encima de la inflación. 

La mora creció en todas las provincias, independientemente de la evolución de la actividad económica, y también en todos los grupos etarios y entre hombres y mujeres. En el sistema bancario, la morosidad de las personas pasó del 3% al 15% del total de la cartera en apenas dos años y medio, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5%; en las tarjetas de consumo y retail trepó del 10,5% al 36,4%; y en las financieras tradicionales y otros acreedores no bancarios pasó del 17,5% a casi el 43%. 


Las entidades gremiales municipales aseguran que los trabajadores de las comunas deben recurrir al endeudamiento por los bajos salarios que pagan los intendentes.

La propuesta que el Banco llevó a los jefes comunales apunta a utilizar las distintas líneas y herramientas financieras disponibles para reestructurar pasivos y amortiguar el impacto de las deudas. También se puso sobre la mesa la posibilidad de organizar encuentros regionales, entre directivos de la entidad y los municipios, para revisar los casos más complejos y diseñar respuestas específicas según cada realidad.

Sin embargo, algunos intendentes reconocen que el deterioro ya alcanzó un nivel difícil de revertir. En varias comunas aseguran que comenzaron a registrarse renuncias de empleados que optan por abandonar el trabajo formal para evitar los descuentos automáticos sobre sus salarios destinados a cancelar créditos y otras obligaciones. Son situaciones extremas que reflejan hasta qué punto el deterioro del poder adquisitivo impacta sobre la estabilidad laboral y financiera de miles de familias bonaerenses.


Las empresas de seguruidad privada son una salida laboral para los agentes de policía.

Los datos duros indican que, de los 17,15 millones de personas que tenían algún crédito en julio de 2024, 13,95 millones estaban al día y 3,2 millones ya registraban atrasos. Dos años después, más de siete millones de personas se encuentran en situación irregular, lo que implica que alrededor de cuatro millones dejaron de cumplir con sus obligaciones durante ese período. De ese universo, tres de cada cuatro ya tenían créditos vigentes y simplemente dejaron de poder afrontarlos. 

La profunidad de la crisis se explica desde una estadística preocupante: un millón de personas cayó en mora sin haber incrementado su nivel de endeudamiento, mientras que otras 850 mil aumentaron sus deudas por debajo del promedio del sistema y también terminaron incumpliendo sus pagos. En concreto, casi dos de cada tres individuos que hoy presentan atrasos no llegaron a esa situación porque sus obligaciones crecieron de manera desmedida, sino porque su capacidad de pago se deterioró como consecuencia de la caída de los ingresos reales.

En la provincia de Buenos Aires el fenómeno adquiere una dimensión particular porque impacta sobre dos sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado. Los empleados municipales sostienen buena parte de los servicios esenciales que prestan los 135 distritos, mientras que la Policía bonaerense constituye la principal estructura de seguridad.  El resentimiento de la fuerza impacta sobre la política. Cuando la crisis financiera alcanza a quienes garantizan esos servicios, el problema deja de ser exclusivamente económico para convertirse en un desafío de gestión.

Para los intendentes, el crecimiento de la morosidad ya no se traduce solamente en trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes. También empieza a reflejarse en conflictos laborales, renuncias y una presión creciente para mejorar salarios. En la Gobernación, en tanto, el escenario enciende una señal de alerta adicional. Si el deterioro de los ingresos se profundiza, será cada vez más difícil poder contener las demandas que emergen de sectores vitales.

Si bien aquí se centraliza en los estatales, el problema de las moras se disemina como una plaga. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que, tras 19 meses consecutivos de aumentos, el índice de irregularidad del sector privado con el sistema financiero alcanzó en mayo de 2026 el 7,6%, el nivel más alto de los últimos años. El mayor incumplimiento se concentra en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que representan el 73% del saldo irregular de las familias. En ese segmento, la morosidad alcanzó el 14,9% en los créditos personales y el 12,5% en las tarjetas. 

La situación es más crítica en las billeteras virtuales, donde la mora pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, superando incluso el pico registrado durante la pandemia. Si se considera el conjunto del sistema financiero el nivel de morosidad de las familias llega al 15,5%, mientras que el incumplimiento bancario alcanza los registros más elevados desde la crisis de 2001.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. De los 20,9 millones de personas que mantienen deudas con bancos o billeteras virtuales, 5,8 millones ya se encuentran en mora. De ellos, 3,4 millones registran atrasos únicamente con billeteras virtuales, 1,3 millones con bancos y otros 1,1 millones tienen deudas impagas con ambos tipos de entidades.

Francisco Echarren
"Estamos viendo alarmados que ahora tenemos bajas en la policía"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, se refirió a la situación en los municipios y al impacto de la crisis económica. “El estado de situación es calamitoso, básicamente porque tenemos un presidente que no sólo recorta lo discrecional, sino que también corta lo que corresponde por ley, y castiga a la provincia de Buenos Aires y a los municipios. Eso tiene una consecuencia enorme en cada uno de nuestros municipios”, expresó.

En ese sentido, detalló que “entonces, tenés una ‘triple Nelson’: tenés menos recursos del gobierno nacional porque el presidente incumple con la ley, mayor demanda y menos recaudación. Todos los intendentes que estamos muy preocupados no sólo por la situación que está viviendo los trabajadores, los comerciantes, el sector Pyme, sino también por las finanzas municipales”.

En cuanto al nivel de morosidad de los trabajadores municipales, el jefe comunal contó que “no sólo pasa con los trabajadores municipales, pasa con los policías, con los docentes, con los empleados de comercio. Un cuando ve los índices del endeudamiento afirma que Milei ha hecho que las familias argentinas hayan tocado el récord histórico de endeudamiento”. 
Asimismo, manifestó que “ese endeudamiento no es como era antes, que era para hacerte una pieza o para mejorar tu casa o para irte de vacaciones. El endeudamiento es para morfar y para los gastos corrientes de cada familia. Además, la familia ahora se endeuda con tarjeta de crédito para comprar alimentos y después los intereses bancarios te arruinan”. 

“Estamos viendo de forma muy alarmante que ahora tenemos bajas de la policía”, expresó Echarren sobre lo que acontece en el área de seguridad de la provincia de Buenos Aires y los agentes de la policía bonaerense. A su vez, el intendente de la Quinta sección electoral dijo que “estamos preocupados por eso y estamos resistiendo como podemos, sabiendo que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en cambiar el rumbo del país porque no vamos a poder resistir para siempre esta situación económica, que es absolutamente catastrófica”.

Juan José Maury
El endeudamiento y los bajos sueldos de los municipales 

El secretario de Finanzas de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Maury, aseguró que “la situación económica de los municipales, a excepción de algunos municipios, es complicada, como la situación que se está viviendo en el país”. 

Al respecto, detalló que “en general, el sueldo promedio anda entre los 400.000 y los 500.000 pesos de básico. En algunos municipios, como Tigre, Coronel Dorrego o La Costa, la cosa es un poquito mejor”.

El dirigente de los trabajadores de Arrecifes se refirió al tema del endeudamiento de los empleados, señalando que “los intendentes han recibido plata del gobierno de la provincia y han destinado esa plata para pagar alguna deuda, pero no destinaron un solo centavo para los trabajadores. Nosotros pedíamos que al menos un 20% lo destinaran a los trabajadores, y eso, salvo poquitas excepciones, no ocurrió”.

En referencia al endeudamiento de los empleados de las comuna, el dirigente gremial apuntó a la responsabilidad de los jefes comunales. “¿Con los salarios qué hacen los intendentes? A los que hablan del endeudamiento les preguntaría qué sueldos pagan a los municipales”. Y agregó: “El gran endeudamiento de los trabajadores municipales es por los bajos salarios que tenemos. En realidad, hoy un trabajador tiene que estar por encima del millón de pesos de sueldo básico, pero estamos muy por debajo de eso”.

En tal sentido, sostuvo que “nosotros estamos recorriendo la Provincia, estamos tomando nota de toda la problemática de los compañeros y queremos juntarnos con 
el Gobernador para transmitirle toda esta situación y encontrar una solución en conjunto”.

Por otra parte, admitió que algunos empleados municipales buscan salir del Estado. “Esto está pasando a nivel general, no son hechos aislados. Lamentablemente, los sueldos de los trabajadores municipales son bajísimos a comparación de de los privados, que están mucho mejor que nosotros, los municipales o los empleados de la Provincia”.

Sueldos bajos
Escalas salariales muy dispares con algunos básicos rondando la miseria 

Desde el sector gremial estiman que el salario básico promedio en los municipios de la provincia de Buenos Aires ronda los $ 535.000 al cierre del mes de mayo, con algunos distritos que concedieron dos o tres puntos más de incremento desde ese entonces. Otros, en cambio, no otorgaron ningún aumento a sus trabajadores, por lo que siguen las negociaciones entre los Ejecutivos y los sindicatos.

Respecto a las escalas, Florentino Ameghino saca ventaja en cuanto a la retribución de sus empleados, con un sueldo básico de $ 1.150.099. Le siguen Avellaneda ($ 1.299.000); Arrecifes ($ 975.000); Monte ($ 975.000);General Alvear ($ 975.000);Campana ($ 975.000); Coronel Suárez ($ 960.000); Pinamar ($ 948.005); Laprida ($ 930.000); La Plata ($ 930.000) y Alberti, con un básico de $ 900.000 al quinto mes de este año.

En la parte de baja de la tabla de remuneraciones se encuentran distritos como Adolfo Alsina, con un sueldo básico al mes de mayo estipulado en $ 388.000, seguido por Berazategui, con $ 313.000. Continúan Capitán Sarmiento ($ 294.198); Vicente López ($ 284.198); Monte Hermoso ($ 267.828); Bragado ($ 240.000); Lanús ($ 236.000); General Belgrano ($ 233.900); Adolfo Gonzales Chaves ($ 235.000); Exaltación de la Cruz ($ 200.000); Carlos Tejedor ($ 183.000); Cañuelas ($139.000) e Hipólito Yrigoyen, con un básico al mes de mayo de 136.463 pesos.

Desde la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires señalaron a La Tecla que hicieron llegar un pedido de reunión con el gobernador Axel Kicillf “para tratar el tema de la modificación de la ley 14.656, especialmente algunos artículos en los que especifica que las paritarias no son vinculantes, y nosotros queremos que sean vinculantes”. 

Además, buscan tratar el tema de la antigüedad. “Hoy la la ley dice que es del 1% del salario, y nosotros históricamente tuvimos el 3%. Entonces, lo que queremos es recuperar todo eso que hemos perdido en la Provincia. Ir recuperándolo, como lo han hecho algunos municipios”.

En problemas
El endeudamiento familiar también llegó a la Legislatura

El crecimiento del endeudamiento de las familias bonaerenses ya no sólo preocupa al Gobierno provincial y a los intendentes. La problemática también comenzó a ganar espacio en la Legislatura, donde legisladoras de Fuerza Patria impulsan iniciativas para contener las consecuencias sociales de una crisis que se profundiza.

Una de ellas lleva la firma de la senadora Mónica Macha, quien presentó un proyecto para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, judiciales y extrajudiciales, sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa no elimina las deudas, sino que propone una pausa para evitar que familias que atraviesan dificultades económicas pierdan su única vivienda mientras reorganizan su situación financiera.

En los fundamentos, la legisladora sostiene que el deterioro de los ingresos y el crecimiento del endeudamiento colocaron a miles de bonaerenses al borde de perder su hogar. También advierte sobre el impacto de los créditos ajustados por UVA y cita datos que muestran el aumento de la morosidad en la Provincia y el crecimiento de las deudas vinculadas al alquiler y al acceso a la vivienda.

En paralelo, la diputada Ana Luz Balor presentó un proyecto para incorporar el sobreendeudamiento familiar al Código Provincial de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La propuesta crea un procedimiento administrativo específico para reestructurar deudas mediante instancias de conciliación entre deudores y acreedores, con intervención del Estado, y prevé la suspensión por 90 días de las acciones judiciales mientras se desarrolla ese proceso.

La propuesta también introduce cambios en la regulación del crédito al consumo. Entre otras medidas, incorpora el principio de crédito responsable, obliga a transparentar el costo financiero total de los préstamos, prohíbe la capitalización de intereses y fortalece el rol de los municipios a través de las oficinas de Defensa del Consumidor.

Aunque con herramientas diferentes, ambos proyectos parten de un diagnóstico común. Sus autoras sostienen que el crecimiento de la morosidad no responde a un endeudamiento irresponsable de las familias, sino a la pérdida del poder adquisitivo y a la necesidad de recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Salarios bajos
La crisis de personal a la que se enfrenta la fuerza del orden en la Provincia

Sin datos concretos acerca de la cantidad de agentes activos, ni una precisión sobre los que dejaron la fuerza en el último tiempo, desde distintos ámbitos de la política y de la propia Policía de la Provincia de Buenos Aires se sigue con preocupación el incremento en la deserción de personal, situación que se agrava por una merma en las incorporaciones. La situación inquieta a los intendentes, quienes por un lado pujan por tener una policía distrital bajo su control y por el otro advierten que la falta de efectivos se hace cada vez más notoria. No hay una sola razón para la crisis, pero la principal es la pérdida del poder adquisitivo del salario policial.

Frente a sueldos que en muchos casos apenas rebasan el millón de pesos (los ingresantes administrativos ni siquiera llegan a esa cifra) la oferta de incorporarse a la policía aparece poco atractiva. Por el contrario, quienes están adentro buscan una salida con mayores ingresos. Las agencias de seguridad privada son apetecibles para policías y expolicías: como mínimo el doble de salario, menos riesgo y régimen laboral más cómodo son algunas de las ventajas que deja al Estado en inferioridad frente a la oferta privada, que ha crecido en los últimos años. Para colmo, las Horas Cores cotizan cada vez menos y lejos están de ser una solución para engordar sustancialmente los ingresos.

Los que consiguen una salida laboral beneficiosa dudan cada vez menos en pedir la baja, sin sopesar demasiado la estabilidad que proporciona el Estado, que en otras épocas inclinaba más la balanza en favor de preservar el lugar. Como en todo el ámbito público, y también mucho en el privado, la cantidad de policías atrapados por las deudas en tarjetas de crédito y billeteras virtuales lleva en muchos casos a la desesperación. En el extremo más dramático se encuentra el incremento de suicidios, una tendencia inquietante más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires. Mendoza, por caso, acaba de tener su mayor estadística de este drama en el primer semestre del año.

En el medio, son muchas otras las situaciones provocadas por el “no llego a fin de mes”, agravado por deudas que se incrementan sin descanso. Quienes permanecen en la fuerza también buscan alternativas para ayudar al bolsillo. Las aplicaciones como Uber o DiDi, entre otras, tienen en los empleados estatales en general, y en la policía y el Servicio Penitenciario en particular, una mano de obra dispuesta. 

Una fuente que conoce al dedillo el ministerio de Seguridad contó que “también hay un incremento en las carpetas psiquiátricas, o de otro tipo de prescripción médica, que les permite a los policías no tener que concurrir al trabajo y usar ese tiempo para hacer otras actividades de manera informal. Un oficial con carpeta mantiene el 30 por ciento del sueldo y, fundamentalmente, los aportes jubilatorios y la obra social. El sueldo se lo hacen con su actividad privada.

De acuerdo a datos proporcionados por la ONG Defensoría Policial, en 2023 se produjeron 260 bajas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en 2024 fueron 715 y el número escaló en 2025 a 1.130. La organización no gubernamental afirma que hasta junio de este año ya se registraron 1.475 renuncias, es decir que la tendencia indica que las pérdidas de agentes prácticamente  se duplica de un año al otro. 

Este panorama de La Bonaerense es muy similar al que denuncian los propios agentes del Servicio Penitenciario provincial, donde también hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una deserción cada vez mayor.