La deuda pendiente con PBA

La coparticipación federal de impuestos es uno de los pilares del federalismo argentino, pero también una fuente de conflicto e inequidad. Casi cuatro décadas después de la sanción de la Ley 23.548, el esquema de distribución continúa generando desigualdades entre las provincias. Entre todas ellas, Buenos Aires aparece es el caso más paradigmático: concentra cerca del 38% de la población argentina y una porción similar de la actividad económica nacional, pero recibe alrededor del 22% de las transferencias automáticas de origen nacional, una brecha que la ubica como uno de los principales casos de desequilibrio dentro del sistema de coparticipación vigente.

Esto se debe a que la propia Constitución Nacional establece que el reparto de los recursos debe realizarse mediante criterios objetivos, con un esquema equitativo y solidario que promueva un desarrollo equilibrado entre las provincias. Sin embargo, estudios recientes sostienen que la distribución efectiva se aleja de ese principio y genera fuertes diferencias entre el peso económico de cada jurisdicción y los fondos que finalmente recibe.

En este contexto, la situación de la provincia de Buenos Aires parece resumirse en un viejo dicho popular: "hecha la ley, hecha la trampa". Aunque el régimen fue concebido para distribuir los recursos nacionales bajo criterios de equidad y solidaridad, el paso del tiempo consolidó un esquema que terminó perjudicando justamente al distrito que concentra la mayor población, la mayor actividad económica y una parte sustancial de la recaudación del país.

La paradoja es evidente. Mientras Buenos Aires aporta cerca de cuatro de cada diez pesos que genera la economía argentina, recibe una participación muy inferior de los fondos coparticipables. La vigencia de coeficientes definidos hace casi cuatro décadas, sumada a un entramado de detracciones, asignaciones específicas y excepciones incorporadas con el paso de los años, convirtió a la ley en un mecanismo que, lejos de corregir las asimetrías del federalismo, terminó profundizando el desequilibrio que debía resolver.

La Asociación Argentina de Contribuyentes y un elefante en la habitación

Ese es uno de los principales diagnósticos que realiza el informe "Coparticipación 2026", elaborado por la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC), donde se analiza el funcionamiento del régimen vigente y sus efectos sobre las finanzas provinciales. El trabajo sostiene que el actual sistema presenta profundas distorsiones y que la Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más perjudicada por el reparto de fondos.

Uno de los datos más contundentes aportados por la AAC surge del denominado "Mapa de la Coparticipación". Allí se observa que Buenos Aires concentra alrededor del 38% de la población argentina, genera una proporción similar del Producto Bruto Interno nacional y realiza el mayor aporte tributario del país. Sin embargo, la participación que recibe dentro de la distribución secundaria de la masa coparticipable se ubica en torno al 23%, una diferencia que explica buena parte de las tensiones financieras que enfrenta la administración bonaerense.


Dicha brecha evidencia uno de los principales casos de desequilibrio dentro del sistema de coparticipación vigente.

La consecuencia directa es una marcada desigualdad en la disponibilidad de recursos por habitante. Mientras provincias con menor población reciben una cantidad significativamente mayor de fondos nacionales por persona, Buenos Aires debe sostener los servicios públicos para casi cuatro de cada diez argentinos con una porción sensiblemente inferior del reparto federal.

A su vez, existe un elevado nivel de centralización fiscal que caracteriza al sistema argentino. Según estimaciones de la AAC, durante 2024 la coparticipación representó el 59% de los recursos tributarios provinciales, lo que evidencia la fuerte dependencia de las provincias respecto de las transferencias automáticas enviadas por la Nación.


"La dispersión entre jurisdicciones es realmente escandalosa", afirman desde la Asociación Argentina de Contribuyentes.

En comparación internacional, esa dependencia resulta excepcionalmente alta. La AAC señala que mientras en Argentina los fondos nacionales representan en promedio el 61% de los ingresos fiscales provinciales, en Estados Unidos (país organizado bajo un sistema federal) esa participación alcanza apenas el 36%. Para la entidad, esta diferencia refleja un federalismo mucho más centralizado, donde las provincias tienen escasa autonomía para financiar sus propias políticas públicas.

Por otro lado, el trabajo también cuestiona la complejidad del actual régimen de distribución. A través del denominado "Laberinto de la Coparticipación", elaborado por la Comisión Federal de Impuestos, muestra que antes de llegar a las provincias la masa coparticipable atraviesa múltiples detracciones, asignaciones específicas y fondos especiales que reducen los recursos efectivamente distribuidos.

Otro de los aspectos destacados es que una parte importante de la recaudación nacional nunca ingresa al régimen de coparticipación. Los recursos aduaneros y los aportes destinados a la seguridad social permanecen íntegramente en la órbita nacional, lo que incrementa aún más la concentración de recursos en el Estado central.

Para la Asociación Argentina de Contribuyentes, la discusión no debería limitarse únicamente a modificar los porcentajes que recibe cada provincia. Con un horizonte claro, el objetivo es avanzar hacia un modelo de mayor autonomía fiscal, donde las jurisdicciones recuperen capacidad para recaudar una parte más importante de sus propios recursos y disminuya la dependencia respecto del Gobierno nacional.

En ese escenario, Buenos Aires aparece como el principal ejemplo de una tensión que atraviesa al federalismo desde hace décadas, es la provincia que más aporta a la economía nacional y la que concentra la mayor cantidad de habitantes, pero continúa recibiendo una participación de recursos que no guarda relación con ese peso económico y demográfico. Casi cuarenta años después de la sanción de la Ley de Coparticipación, el debate sobre una reforma integral sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema federal argentino.

Jonas Torrico, presidente de la Asociación Argentina de Contribuyentes
"La coparticipación no solo distribuye recursos, también distribuye poder y dependencia"

-¿Cuál fue la recepción de la propuesta?

La recepción fue enorme. El encuentro reunió en el Salón Azul del Congreso a diputados, senadores, especialistas y representantes de distintas provincias, con una convocatoria verdaderamente federal sobre el futuro de la coparticipación.

Presentamos un informe único en la Argentina, que integra información económica, fiscal, política y legal que hasta ahora no estaba sistematizada. La propuesta es disruptiva porque no se limita a denunciar las desigualdades: aporta datos, identifica las coaliciones con capacidad de impulsar una reforma y plantea caminos institucionales para llevarla adelante.

También comprobamos que existe un diagnóstico ampliamente compartido: el régimen actual genera profundas desigualdades, debilita la autonomía provincial y necesita ser revisado. Ese interés ya comenzó a traducirse en acciones concretas. Junto con el director de la agencia de recaudación de Entre Ríos, estamos organizando una visita para presentar el trabajo en esa provincia.

Ahora el desafío es transformar ese consenso en una agenda federal y construir la coalición política necesaria para impulsar una transición gradual, ordenada y sostenible. Por eso vamos a recorrer las provincias y sumar nuevos aliados a esta reforma.


Primero a la izquierda, Jonas Torrico junto a Pablo Dono y Bartolo Abdala.

-¿Es sostenible en el tiempo que la Provincia de Buenos Aires siga financiando gran parte del sistema federal con ese nivel de recursos?

No, no es sostenible. La Provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población argentina, pero recibe apenas alrededor del 23% de la coparticipación distribuida entre las provincias. En otras palabras, allí viven casi cuatro de cada diez argentinos, pero la Provincia recibe poco más de dos de cada diez pesos repartidos por el sistema.

Esa diferencia no es una discusión técnica: significa menos recursos por habitante para escuelas, hospitales, seguridad e infraestructura. Y obliga a la Provincia a compensarla con más impuestos propios, mayor endeudamiento o servicios públicos insuficientes.

El planteo no es que Buenos Aires deba quedarse con todo lo que genera. El problema es que el sistema actual no presenta criterios objetivos y transparentes que relacionen población, responsabilidades y recursos.

Por eso, la solución no puede ser otra transferencia discrecional ni un parche transitorio. Se necesita una reforma gradual que vuelva a vincular quién recauda, quién gasta y quién responde frente a los contribuyentes.

No es solamente un reclamo bonaerense: es una falla estructural del federalismo argentino.

-¿Qué intereses políticos impiden corregir esa asimetría?

El principal obstáculo no es técnico, sino político. Durante décadas, la Nación y las provincias se acostumbraron a un sistema de incentivos perversos que genera dependencia y desalienta cualquier reforma.

Por un lado, existen provincias que reciben más de lo que estimamos que aportan y cuyos gobiernos temen perder recursos. Por otro, el Estado nacional también tiene incentivos para conservar el esquema: de cada $100 recaudados mediante impuestos coparticipables, solo alrededor de $47 regresan a las provincias, mientras que los $53 restantes quedan en distintas estructuras nacionales.

Así se consolidó una relación en la que la Nación concentra la recaudación y las provincias dependen de recursos que no controlan. Este equilibrio también se refleja en el Congreso: las provincias perjudicadas reúnen 167 diputados y tienen fuerza para impulsar la discusión, pero las que reciben más de lo que aportan concentran 42 senadores y pueden bloquear una reforma.

Por eso, el sistema no cambia: la coparticipación no solo distribuye recursos, también distribuye poder y dependencia.

Desde la AAC estamos sumando aliados para construir una mayoría federal capaz de transformar este diagnóstico en una reforma concreta.

-Desde la Provincia sostienen que su menor participación en la coparticipación la obliga a depender de impuestos propios como Ingresos Brutos. ¿Compartís ese diagnóstico?

No compartimos que la menor coparticipación pueda utilizarse para justificar Ingresos Brutos. Una cosa es lo que legítimamente le corresponde a Buenos Aires dentro del reparto federal y otra muy distinta es cómo el gobierno provincial administra sus recursos.

La Provincia está perjudicada por la coparticipación y esa asimetría debe corregirse. Pero recibir más fondos no garantiza que vaya a bajar impuestos. Si un gobierno gasta sistemáticamente por encima de sus posibilidades, los recursos siempre van a parecer insuficientes.

La decisión de aumentar impuestos y avanzar sobre la propiedad y la actividad privada de los bonaerenses depende del gobierno de turno, no de la coparticipación. Cuando faltan recursos, la respuesta nunca debería ser crear impuestos o subir alícuotas. También se puede reducir y ordenar el gasto, mejorar la eficiencia del Estado y generar condiciones para que la recaudación crezca a partir de más inversión, producción y empleo.

Nuestra propuesta es avanzar hacia un sistema de competencia fiscal, en el que las provincias y los municipios compitan por tener menos impuestos, cobrar menos Ingresos Brutos y ofrecer mejores condiciones para las empresas, los comerciantes y los trabajadores.

Queremos que las personas y las empresas puedan “votar con los pies” y elegir dónde vivir, invertir o desarrollar sus negocios. Esa competencia obligaría a los gobiernos a administrar mejor y a tratar al contribuyente como alguien a quien deben atraer y cuidar, no como una fuente ilimitada de recursos.

Buenos Aires debe recibir lo que le corresponde, pero eso no exime al gobierno provincial de gastar mejor ni convierte a Ingresos Brutos en un impuesto justificable.

-¿Qué propone la Asociación Argentina de Contribuyentes?

Desde la AAC proponemos dejar de administrar las fallas del sistema actual y avanzar hacia un verdadero federalismo fiscal. Eso implica devolver progresivamente a las provincias la capacidad de recaudar los recursos necesarios para financiar sus propias decisiones de gasto.
Nuestro informe desarrolla distintas vías concretas para iniciar esa transición. Una de las más relevantes aparece el 31 de diciembre de 2027, cuando vence la prórroga de varios impuestos nacionales, entre ellos Ganancias y Bienes Personales.

En lugar de volver a prorrogarlos automáticamente por un período largo, proponemos una extensión breve, de dos o tres años, que funcione como una señal política clara y obligue a abrir una discusión federal seria sobre la coparticipación y el reparto de las potestades tributarias.

Ese período debe utilizarse para definir qué impuestos y facultades de recaudación pueden regresar al ámbito provincial, cómo ordenar la transición y cómo evitar que las provincias más dependientes queden desfinanciadas.

La lógica debe cambiar: quien recauda debe gastar y quien gasta debe responder frente al contribuyente. Hoy esa responsabilidad está diluida entre la Nación y las provincias.
El objetivo es claro: menos dependencia del poder central, mayor responsabilidad fiscal y competencia entre las provincias por ofrecer menos impuestos y mejores condiciones para invertir, producir y trabajar.

Desde la AAC estamos sumando aliados para convertir estas propuestas en una reforma concreta.