Impulsada por una firma británica, el Gobierno lanzó una licitación petrolera en el Mar Argentino

El Gobierno nacional puso en marcha un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración hidrocarburífera offshore en el área CAN-200 del Mar Argentino, luego de que la empresa británica Challenger Energy Group PLC manifestara su interés en desarrollar un proyecto en esa zona. La decisión, formalizada mediante el Decreto 590/2026, reavivó el debate sobre la política argentina respecto de las Islas Malvinas y el control de los recursos naturales vinculados al Atlántico Sur.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, instruye a la Secretaría de Energía a elaborar el pliego de bases y condiciones y llevar adelante el proceso licitatorio, que también contempla la eventual adjudicación del permiso de exploración y de una futura concesión de explotación.

La medida llega en un contexto geopolítico sensible. Mientras Argentina mantiene su histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, especialistas advierten que el desarrollo de los recursos energéticos del Atlántico Sur constituye uno de los principales activos estratégicos para fortalecer esa posición internacional.

Una empresa británica impulsa el proyecto

La convocatoria surge a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC, una compañía que cotiza en la Bolsa de Londres y desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Trinidad y Tobago, Surinam, Bahamas y Uruguay.

El área CAN-200, ubicada a unos 350 kilómetros de la costa bonaerense y próxima al límite marítimo con Uruguay, comprende alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados en aguas profundas del Mar Argentino.

El decreto establece que el permiso comprenderá dos períodos exploratorios de cuatro años cada uno, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco años, lo que extiende el horizonte del proyecto hasta trece años. Además, fija un programa mínimo de inversiones equivalente a 120 Unidades de Trabajo.

La decisión también se conoce mientras empresas británicas e israelíes avanzan con proyectos petroleros en la cuenca ubicada al norte de las Islas Malvinas, un escenario que especialistas consideran cada vez más sensible para la estrategia argentina en el Atlántico Sur.

Aunque el decreto aclara que la prórroga de jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad soberana sobre reservas del Banco Central, bienes públicos, activos militares o patrimonio cultural, entre otros, las críticas apuntan al mensaje político que transmite la medida.

En territorio bonaerense, el escándalo por la licitación llego a los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue uno de los dirigentes peronistas en cuestionar públicamente la decisión del Gobierno nacional. A través de sus redes sociales, calificó la medida como "imperdonable" y sostuvo que el Ejecutivo aprovechó el partido de la Selección argentina frente a Inglaterra para publicar el decreto que habilita el concurso internacional sobre el área CAN-200.

"Mientras la Selección le ganaba a los ingleses, Milei le entregaba nuestro mar a Inglaterra", afirmó el jefe comunal. Además, aseguró que el decreto "le entrega 5.000 kilómetros cuadrados de mar argentino a una empresa inglesa para que saque petróleo y gas de nuestra plataforma submarina" y acusó al Presidente de haber utilizado "la distracción del partido" para avanzar con la medida. "Además de Malvinas, ahora se quedan con nuestro mar. No puede ser más traidor este payaso que nos gobierna", concluyó.
 

En detalle, el decreto: 

a. cualquier reserva del Banco Central de la República Argentina;
b. cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación;
c. cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial;
d. cualquier bien (sea en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago) de la República Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto, dentro del alcance de los artículos 165 al 170 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto;
e. cualquier bien alcanzado por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, incluyendo, pero no limitándose a bienes, establecimientos y cuentas de las misiones argentinas;
f. cualquier bien utilizado por una misión diplomática, gubernamental o consular de la República Argentina;
g. impuestos y/o regalías adeudados a la República Argentina y los derechos de la República Argentina para recaudar impuestos y/o regalías;
h. cualquier bien de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o agencia de defensa de la República Argentina;
i. cualquier bien que forme parte de la herencia cultural de la República Argentina; y
j. los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable".