El mapa de los conflictos se amplía en PBA y pone en alerta a la gestión de Kicillof

La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente conflictividad que comienza a reflejarse en diferentes áreas de la gestión de Axel Kicillof. Mientras la administración bonaerense mantiene el foco puesto en la disputa política nacional y en la reorganización del peronismo, en el territorio crecen los reclamos por salarios, empleo y asistencia.

El primer síntoma es el paro docente de 24 horas convocado para este martes por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA resolvieron la medida en reclamo de mejoras salariales y mayores condiciones de seguridad en las escuelas, al denunciar además un incremento de los episodios de violencia contra docentes.

Si bien las organizaciones sindicales atribuyeron parte de la crisis al ajuste del Gobierno nacional sobre la Provincia, también dirigieron reclamos concretos a la administración bonaerense por la falta de respuestas a demandas que se arrastran desde hace tiempo. El conflicto vuelve a poner sobre la mesa una problemática que no es nueva y los salarios son un punto sensible. Por eso, otra vez generan tensión con gremios que mantienen una relación de cercanía con el oficialismo provincial.

El reclamo docente, en medio de paritarias estancadas y ante la mirada de estatales, judiciales y médicos, no aparece como un hecho aislado. Durante junio hubo distintas movilizaciones de organizaciones sociales que también expusieron reclamos hacia la gestión provincial.



El reclamo de cooperativistas ante la municipalidad de La Plata

El 10 de junio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) marchó por el centro de La Plata para exigir mayor asistencia a comedores de barrios populares y reclamar políticas para los trabajadores de la economía popular. Entre los cuestionamientos señalaron que, frente al aumento de la pobreza, el Gobierno bonaerense no ofrece respuestas suficientes.

Seis días después, el Frente de Lucha Piquetero instaló una olla popular en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para exponer su reclamo. Allí exigieron un plan de obras públicas que genere empleo, un aumento del programa Barrios Bonaerenses y mayores recursos para comedores y merenderos, además de advertir que profundizarían las medidas de fuerza si no obtenían respuestas.

La secuencia continuó el 18 de junio, cuando la Coordinadora por el Cambio Social se movilizó por las calles platenses para reclamar más presupuesto para infraestructura, trabajo, becas estudiantiles y políticas de inclusión en los barrios populares bajo la consigna de fortalecer el trabajo, la educación y el deporte.

A ese panorama se agrega el conflicto que atraviesa el Astillero Río Santiago por lo que organizaciones feministas, gremiales y estudiantiles convocaron a una movilización hacia el Ministerio de Mujeres y Diversidad. La acción es para reclamar por la situación de Verónica Giraldi y Victoria Lago, dos que denuncian haber sido despedidas luego de atravesar situaciones de violencia de género.



Una de las postales que difundió la municipalidad de La Plata tras el reclamo

Las manifestantes exigirán la reincorporación de ambas trabajadoras y solicitarán ser recibidas por la ministra Estela Díaz. Según plantean, se trata de un caso de discriminación dentro de una empresa del Estado bonaerense y cuestionan la falta de respuestas por parte de las autoridades del Astillero. Además, remarcan la situación de vulnerabilidad de las dos empleadas, quienes dependen de ese ingreso para el sostenimiento de sus hogares.

A ese panorama se agrega la situación en La Plata con cientos familias que reclaman continuar con sus puestos de trabajo. El viernes pasado, organizaciones sociales y cooperativistas protestaron frente al Palacio Municipal tras denunciar despidos vinculados a cooperativas que prestaban servicios desde hace más de quince años. Las organizaciones denunciaron detenciones arbitrarias durante la desconcentración de la protesta luego de que escalara la tensión en el edificio con la quema de gomas y la respuesta de la policía ante la escalada del reclamo. 

Desde la Municipalidad, en tanto, aseguraron que durante la manifestación se produjeron graves destrozos en la sede comunal, valuados en más de 43 millones de pesos, presentaron una denuncia penal y señalaron que fueron detenidas 22 personas tras los incidentes.  

Desde el gobierno de Julio Alak sostienen que la decisión responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades y a una intimación del Tribunal de Cuentas bonaerense, que exigió poner fin a las contrataciones directas de cooperativas. En ese marco, el Ejecutivo local impulsa una licitación pública para los servicios de mantenimiento urbano, al argumentar que el nuevo esquema aportará mayor transparencia en la administración de los recursos públicos. No obstante, el clima no se apaciguó y los afectados sostiene que continuarán con su reclamo.

El complejo panorama en la capital bonaerense no quedará encapsulado en el distrito y quienes queden en la calle trasladarán sus demandas al Gobierno provincial. Así, el tándem Kicillof-Alak, estarán en el centro de la escena en un contexto en el que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ya difundió que en el Gran La Plata la desocupación alcanzó al 7,8% en el primer trimestre del año. 

El escenario también encuentra al oficialismo atravesado por diferencias internas entre el kicillofismo y el kirchnerismo. En los últimos días, el Gobierno bonaerense relativizó los proyectos impulsados por el senador Mario Ishii para declarar las emergencias alimentaria y sanitaria. Desde la administración de Axel Kicillof sostuvieron que esas problemáticas no se resuelven con una ley y atribuyeron las dificultades a la quita de recursos por parte del Gobierno nacional. La respuesta del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lejos de descomprimir el debate, volvió a exponer las tensiones.

Cada conflicto tiene su propia dinámica y muestran como denominador común a una provincia que enfrenta una acumulación de demandas que abarcan educación, asistencia social, empleo y conflictividad territorial. La sucesión de reclamos en pocas semanas refleja dificultades para descomprimir tensiones en distintos frentes. La acumulación de conflictos, muchos de ellos protagonizados por sectores cercanos al oficialismo, empieza a encender señales de alerta para una gestión que necesita evitar que la conflictividad social marque el ritmo de la agenda política.