Milei insiste con cambios en Zona Fría y tensiona a intendentes del interior bonaerense

El oficialismo comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, una iniciativa que podría generar aumentos tarifarios para unos 800 mil hogares bonaerenses. La propuesta impulsada por el Gobierno nacional apunta a revertir la ampliación del esquema aprobada en 2021 y volver al sistema original concentrado principalmente en la Patagonia.

La discusión se dará en un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La Libertad Avanza buscará firmar dictamen para llevar el tema al recinto el próximo 20 de mayo, aunque el avance dependerá del respaldo de bloques dialoguistas de provincias también alcanzadas por la medida.

Actualmente, cerca de 90 municipios bonaerenses cuentan con descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas. El proyecto oficial propone restringir nuevamente el alcance geográfico del beneficio, dejando afuera a gran parte de la provincia de Buenos Aires. La reforma también impactaría sobre usuarios de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde cientos de miles de hogares perderían el subsidio.

La iniciativa reavivó fuertes críticas de intendentes, legisladores y organizaciones sociales. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtieron que el nuevo esquema convertiría un derecho adquirido en un beneficio condicionado a la vulnerabilidad socioeconómica. En la misma línea, diputados provinciales de distintos espacios alertaron sobre el impacto que tendría en la economía doméstica en medio de la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de tarifas.

Intendentes de ciudades alcanzadas por la Zona Fría también rechazaron la propuesta oficial. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió que “no castiguen más a los que menos tienen”, mientras que el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, acusó al Gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, dirigentes políticos y la CGT local también expresaron su rechazo.

Además de los cambios en los subsidios al gas, el proyecto incorpora un esquema para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa. El Ejecutivo plantea compensar a empresas como Edenor y Edesur por los efectos del congelamiento tarifario aplicado durante años, permitiéndoles cancelar obligaciones mediante créditos reconocidos por el Estado.