El ajuste arrasó los salarios: estatales ya perdieron hasta dos años de sueldo

Un nuevo informe del economista Nadin Argañaraz reveló que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en Argentina se profundizó en los últimos años y golpeó con mayor dureza a los trabajadores del sector público, especialmente desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

El análisis muestra que, aunque el deterioro del ingreso real comenzó en 2017, una parte significativa del ajuste se concentró en los últimos 27 meses, en un contexto de fuerte reducción del gasto público y caída del salario estatal.

De acuerdo con el estudio, en febrero de 2026 los salarios privados registrados aumentaron 2,4% en términos nominales, por debajo de la inflación mensual de 2,9%, lo que implicó una nueva caída del salario real. En el sector público ocurrió una situación similar: los salarios crecieron 2,3% nominal, con una suba de apenas 0,6% para los empleados nacionales y de 2,9% para los provinciales, lo que en la práctica también significó una pérdida frente al aumento de precios.

En la comparación interanual entre febrero de 2025 y febrero de 2026, la inflación acumuló 33,1%. Frente a ese dato, los salarios del sector público nacional registraron una caída real del 8,8%, mientras que en el sector público provincial la baja fue del 2,1%. En el caso del empleo privado formal, la pérdida real interanual fue del 4,1%, confirmando que ningún sector logró recomponer plenamente el ingreso frente al avance inflacionario.

Si se toma como referencia el año 2017, considerado uno de los últimos períodos de mayor capacidad de compra del salario, la magnitud del deterioro resulta aún más visible. Un trabajador privado formal perdió alrededor del 20% de su poder adquisitivo desde entonces, lo que equivale a resignar una quinta parte de su capacidad de consumo. Para los empleados públicos nacionales y provinciales, la caída fue todavía mayor: el salario real actual se ubica cerca de un 35% por debajo del nivel de 2017, es decir, una pérdida equivalente a un tercio del ingreso real.

El informe también mide el impacto acumulado de esta caída durante los últimos 98 meses. En ese período, un trabajador privado formal perdió el equivalente a 16,2 salarios mensuales de 2017, lo que representa más de un año completo de ingresos. Para un empleado público promedio —sumando niveles nacional y provincial— la pérdida acumulada alcanzó 21,8 salarios mensuales de 2017, prácticamente dos años enteros de sueldo.

Al observar únicamente el período transcurrido desde noviembre de 2023, previo al cambio de gobierno, la caída reciente también aparece como un factor central. En febrero de 2026, los salarios privados registrados se encontraban 3,5% por debajo de su nivel real de ese momento. En el sector público, en cambio, el retroceso fue del 18,3%, con una diferencia marcada entre los trabajadores nacionales, que sufrieron una baja del 37,2%, y los provinciales, que registraron una merma del 10,3%.

En términos acumulados, durante esos últimos 27 meses un trabajador privado perdió casi un salario mensual promedio de 2017. En el sector público nacional la pérdida llegó a 7,7 salarios mensuales, mientras que en el empleo público provincial fue de 3,1 salarios. Para el promedio del sector público, la merma totalizó 4,5 salarios mensuales en poco más de dos años.

Uno de los datos más relevantes del estudio es la incidencia del ajuste reciente dentro de la pérdida total de los últimos ocho años. Para los empleados públicos, el deterioro de los últimos 27 meses explica el 21% de toda la pérdida acumulada desde fines de 2017. En el caso de los asalariados privados formales, ese período representa apenas el 6% del total perdido.

Según Argañaraz, esta diferencia responde al proceso de reducción del déficit fiscal implementado por el Gobierno nacional, que se apoyó en una fuerte contracción del gasto público. Esa estrategia impactó no solo en la reducción de personal estatal, sino también en una baja sostenida del salario real de los trabajadores públicos, consolidando un escenario en el que la recuperación del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales deudas de la economía argentina.