Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Conocidos los hechos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la liberación del camarógrafo y requirió el envío del sumario para determinar lo ocurrido, informaron fuentes judiciales.

Sumario

En tanto, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich explicó a los medios en las afueras del Congreso que habló con el secretario de Seguridad y que el jefe de la Policía Federal ya tomó intervención por el efectivo que agredió a los periodistas. “Se ha abierto un sumario, porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido una conducta reprochable, con lo cual eso está en análisis”, afirmó.

Bullrich detalló que el incidente se produjo luego de que activistas ingresaran al Congreso y fueran detenidos. Según su versión, el camarógrafo “intentó tomar imágenes de las personas detenidas” cuando se produjo el forcejeo. Sin embargo, desde el móvil le remarcaron que el trabajador se encontraba en la vereda cumpliendo su tarea.

Ante la insistencia, Bullrich fue contundente: “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el accionar que la Policía debe realizar”, y agregó: “Si hubiera sido un accionar correcto, en el marco del deber policial, no se le hubiera abierto un sumario”.

Controversia

La manifestación se produjo en rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce.

Desde Greenpeace señalaron que la acción fue “directa y pacífica” y tuvo como objetivo exponer “la gravedad” de la reforma. “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma es regresiva e inconstitucional”, sostuvo Diego Salas, director de programas de la organización. Según afirmó, “de los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico amparado por la Constitución”.

Debate

El debate en la Cámara Alta gira en torno a la posibilidad de transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con criterios más flexibles para su explotación.

El proyecto mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero pone el acento en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. De aprobarse el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales las que definan si un área constituye una reserva estratégica de agua dulce y las que aprueben los estudios de impacto ambiental presentados por empresas mineras.

Criterios

Actualmente, la ley prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación y extensión. La reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para definir qué zonas quedarán bajo protección, un punto que organizaciones ambientalistas consideran una flexibilización sustancial del esquema vigente.

Desde el sector minero, en cambio, sostienen que la normativa actual implica una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos y que la modificación permitiría atraer inversiones, especialmente en proyectos vinculados al cobre.