Con el conflicto santafesino aún activo, Buenos Aires endurece su postura y ratifica que la disciplina policial no es negociable. La referencia al caso 2020 funciona como advertencia: los reclamos pueden ser legítimos, pero las medidas de fuerza no.
Argentina
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El conflicto salarial que sacude a la Policía de Santa Fe encendió alarmas en Buenos Aires, donde el Ministerio de Seguridad salió a marcar territorio y recordó con dureza el antecedente de 2020: cuando la Bonaerense se levantó, la respuesta del gobierno fue aplicar sanciones masivas y expulsar a cientos de efectivos. El mensaje político, ahora, es claro: no habrá tolerancia con medidas que vulneren la ley o pongan en riesgo la seguridad pública.
Consultadas por La Tecla en medio de la tensión santafesina, fuentes de la cartera bonaerense que conduce Javier Alonso fueron tajantes: “Lo que pasó en 2020 se resolvió con bajas de centenares de efectivos porque el incumplimiento de la ley es un delito. Nadie está obligado a ser policía, pero quien lo es debe cumplir el reglamento. No se juega con la seguridad pública”.
Mientras tanto, en Santa Fe la protesta no cede. Efectivos en actividad, retirados, familiares y personal penitenciario sostienen desde hace días “sirenazos”, concentraciones frente a la Jefatura de Rosario y la Casa de Gobierno, y bloqueos con móviles policiales. Reclaman recomposición salarial, los sueldos no alcanzan la canasta básica total, ya por encima del millón de pesos a fines de 2025, y mejoras laborales, incluidos traslados, equipamiento y contención ante una crisis de salud mental signada por al menos 17 suicidios en 2025 y dos casos recientes.
El gobierno de Maximiliano Pullaro, a través del ministro Pablo Cococcioni, respondió con pases a disponibilidad para unos 20 efectivos (con retiro de arma y chaleco), apertura de causas por incumplimiento de deberes y calificó varios episodios como “abandonos de servicio” o “maniobras políticas”. Tras extensas negociaciones que se prolongaron hasta la madrugada del 11 de febrero, anunció un plus de hasta $500.000 para personal operativo en zonas críticas, como Rosario, $250.000 para otros destinos, la duplicación de la Tarjeta Alimentaria Policial y mejoras en horas extras.
Las bases, sin embargo, consideraron las medidas “insuficientes”: son en su mayoría sumas no remunerativas y no alcanzan a toda la fuerza. Por eso, al mediodía del 11 de febrero, las protestas continuaban.
La comparación con Buenos Aires no es casual. En septiembre de 2020, el conurbano fue escenario de una protesta inédita de la Bonaerense que obligó a Axel Kicillof a negociar aumentos de madrugada y a recurrir a fondos nacionales. Pero el cierre político llegó después: más de 1.200 efectivos fueron desafectados o expulsados por insubordinación y abandono de funciones, en un mensaje disciplinario que sigue vigente.
En ese marco, la referencia del gobierno bonaerense al conflicto santafesino funciona como advertencia y como límite: los reclamos pueden ser legítimos, pero el método no. Y la línea roja, dicen desde La Plata, es cualquier acción que implique dejar sin servicio a la ciudadanía.
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