El reconocido actor de 79 años fue demandado por más de 21 millones de pesos tras protagonizar un siniestro en Chacarita. Los denunciantes lo acusan de haber conducido con el registro vencido y en condiciones de salud inadecuadas
Argentina
Día a Día Multimedios
El actor argentino Pablo Alarcón, de 79 años, se encuentra en el centro de una polémica judicial que podría impactar de lleno en su presente personal y profesional. El hecho se remonta al 22 de julio de 2025, cuando el intérprete protagonizó un accidente de tránsito en el barrio de Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según trascendió, Alarcón perdió el control de su vehículo luego de sufrir una descompensación al volante, chocando contra otros automóviles que circulaban por el lugar. En una primera instancia, fue atendido por médicos del Hospital Fernández, quienes confirmaron que el actor había sufrido un síncope, es decir, una pérdida temporal de conciencia producto de su patología cardíaca.
Ahora, los demandantes, dueños de los autos involucrados, sostienen que, al momento del accidente, el actor circulaba con el registro de conducir vencido y que su solicitud de renovación había sido rechazada por razones médicas.
Ante estos hechos, los damnificados exigen una suma aproximada de 21 millones de pesos en concepto de daños materiales, pérdida de uso de los vehículos y desvalorización comercial tras el siniestro. Pero el reclamo no se limita a lo económico: también alegan negligencia por parte del actor al haberse puesto al volante pese a sus antecedentes de salud. En el escrito judicial se lee: “Conducir un vehículo a los 79 años con antecedentes médicos no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia".
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre movilidad, responsabilidad y salud en conductores de edad avanzada. El hecho de que Alarcón ya hubiera sido operado del corazón y que sufriera un síncope al volante intensifica la mirada social sobre el episodio.
Para el artista, el reclamo representa además una carga económica difícil de afrontar, ya que no contaría con los recursos necesarios para hacer frente a una demanda civil que incluso podría derivar en instancias penales.
Por lo pronto, los jueces deberán determinar si el actor deberá responder por daños y perjuicios o si existirá algún atenuante por su estado de salud.
Más allá del posible veredicto, el episodio ya genera un fuerte impacto mediático y podría afectar su imagen pública, así como sus contratos y futuras participaciones en proyectos artísticos.
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