Purga en las pensiones por discapacidad: cuáles son los criterios y el impacto en la Provincia

El Gobierno Nacional llevará a cabo un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 beneficiarios de los padrones a nivel nacional en los próximos meses. Según argumentan desde la gestión libertaria, este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesitan sigan recibiendo este apoyo del Estado.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Impacto en la Provincia

De acuerdo a los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (a noviembre de 2023), hay 1.680.723 total de personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En tanto, del total, 260.605 tienen una prórroga del CUD activa.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran 678.237 mil personas con discapacidad registradas, lo que representa el 40% del total del padrón a nivel nacional. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aloja el 9,7%, poco más de 360 mil personas.

Con suma preocupación, desde el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) manifestaron su rechazo a la iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A través de un comunicado, la entidad bonaerense comentó: “El organismo nacional pretende que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual”.

En esa línea, indicaron “que ese tipo de accionar vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos”. De igual modo, remarcaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.

La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. La misma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.

Criterios de suspensión

Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.